Por Redacción Hora en Punto🔴
Un fallo judicial volvió a sacudir este miércoles la ya larga y compleja historia de la Universidad Autónoma del Caribe. Un Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ordenó restablecer los derechos de Silvia Gette Ponce, habilitándola para retomar la rectoría del centro educativo.
La decisión, adoptada por el juez Néstor Segundo Primera, sostiene que Gette ya cumplió la condena impuesta en su contra y, en consecuencia, no existe inhabilidad vigente que le impida ejercer cargos. Además, el despacho fue más allá: la reconoció como víctima dentro del proceso relacionado con la cuestionada elección de Ramsés Vargas Lamadrid.
Según el togado, existen elementos que permiten inferir que las actas utilizadas para la designación de Vargas Lamadrid habrían sido falseadas, lo que refuerza la tesis de que la salida de Gette de la rectoría pudo haberse dado en medio de irregularidades.
“El Estado debe garantizar la resocialización de los condenados”, subrayó el juez, al explicar que una vez cumplida la pena —que en el caso de Gette fue de 63 meses de prisión por abuso de confianza agravado— no se le pueden seguir restringiendo sus derechos.
Choque de posturas
La decisión no estuvo exenta de controversia. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia se opuso al restablecimiento de derechos, argumentando que la verdadera víctima en el proceso sería el propio Estado, y no Gette, al considerar que cualquier irregularidad en el nombramiento de Vargas Lamadrid habría constituido un engaño contra la institucionalidad.
A esto se sumaron voces de la defensa de algunos implicados, que cuestionaron incluso la vía judicial utilizada por Gette para reclamar sus derechos, señalando que debía tramitarse en la jurisdicción laboral.
Pese a ello, tanto la Fiscalía como la defensa de la exrectora respaldaron la decisión.
Una crisis de más de una década
El fallo revive uno de los episodios más turbulentos en la historia reciente de la Universidad Autónoma del Caribe, una institución que durante los últimos 15 años ha estado marcada por escándalos administrativos, crisis financieras y disputas por el poder.
Todo se remonta a la década de 2010, cuando comenzaron a evidenciarse problemas estructurales en el manejo de los recursos y la gobernanza universitaria. La salida de Silvia Gette, en medio de investigaciones judiciales y tensiones internas, abrió la puerta a una cadena de decisiones que terminarían profundizando la crisis institucional.
En 2013, el Consejo Directivo eligió a Ramsés Vargas Lamadrid como rector en circunstancias que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía. Según el ente acusador, su nombramiento no cumplía con los estatutos y habría estado sustentado en documentación presuntamente adulterada.
Durante su gestión —que se extendió hasta 2018— la universidad enfrentó denuncias por malos manejos financieros, pérdida de confianza institucional y un progresivo deterioro académico y administrativo. La situación llegó a tal punto que el Gobierno nacional tuvo que intervenir para evitar el colapso de la institución.
A esto se suman años de incertidumbre jurídica, cambios constantes en la dirección, conflictos internos y una lucha por recuperar la credibilidad ante estudiantes, docentes y la ciudad.
Un nuevo capítulo… ¿o más incertidumbre?
La decisión judicial que favorece a Gette no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también simbólicas y administrativas. Reabre el debate sobre quién debe liderar el futuro de la universidad y bajo qué condiciones puede garantizarse su estabilidad.
Además, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: si la crisis de la Uniautónoma ha sido producto de decisiones individuales o de fallas estructurales en su modelo de gobierno.
Por ahora, lo cierto es que el fallo marca un punto de inflexión en una historia que, lejos de cerrarse, parece entrar en una nueva fase de disputa y redefinición institucional.

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