En el marco del juicio por el asesinato del arquitecto y ganadero Fernando César Cepeda Vargas (ocurrido en agosto de 2003), la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Beatriz Gette Ponce, volvió a tomar la palabra ante el juez para reafirmar su inocencia y denunciar una presunta campaña de persecución judicial y política.
Durante los alegatos de conclusión del proceso bajo la antigua Ley 600, Gette se declaró inocente del crimen que h le imputan.
“Toda mi vinculación a ese crimen se construyó sobre mentiras, contradicciones de testigos y acusaciones sin pruebas materiales. He sido víctima de extorsiones paramilitares, y esto ha sido utilizado para destruirme personalmente y para quebrar la Universidad que lideré.”, explicó la ex rectora de la Uniautónoma.
En medio de la audiencia Silvia Gette lanzó aprovechó para lanzar duros cuestionamientos a su entorno institucional y académico:
Acusó que sus sucesores en la Uniautónoma “se aprovecharon de la falta de pertenencia para saquear la universidad”.
Señaló que los testimonios de los exparamilitares que la implican (como alias ‘28’) están repletos de inconsistencias: “Unos dicen que 150 millones, otros que 200 o 250 millones”; destacó que ninguno ha podido describirla de forma concreta.
Defendió que nunca tuvo interés personal en eliminar a Cepeda, y que incluso promovió que la parte afectada reciba una compensación justa dentro de lo que le correspondía como esposa legítima.
La defensa, representada por la abogada Bianith Bohórquez, acompañó los argumentos con una narrativa de “complot institucional”:
“Este ha sido un hostigamiento prolongado, una persecución sostenida en la que se ha querido implicar a Gette en todos los delitos imaginables, solo para marginarla de la universidad y permitir que otros tomaran el control.”
Un juicio cargado de historia y resistencias
Este caso, que arrastra más de dos décadas, ha sido uno de los más polémicos y simbólicos de la Costa Caribe.
La Fiscalía acusa a Gette de ser “determinadora” en el homicidio agravado de Cepeda, basando su imputación en versiones de exmiembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, y Jhonnys Acosta, alias ‘28’.
Mientras tanto, el Ministerio Público y la Procuraduría han solicitado que el juez emita un sentido de fallo condenatorio, argumentando que existen “elementos materiales probatorios” que ubicarían a la exdirectiva como participante intelectual del crimen, incluso sugiriendo que habría sobornado a exparamilitares para que declararan a su favor.
Sin embargo, la defensa insiste en que ninguna de esas pruebas ha sido contundente: “No hay una sola evidencia –ni una foto, ni una conversación– que establezca mi relación directa con miembros del grupo criminal, mucho menos mi participación en el homicidio”, afirmó Gette.
Crisis en la Universidad Autónoma del Caribe:
El caso judicial llega en un momento en que la Universidad Autónoma del Caribe —institución que bajo la gestión de Gette alcanzó notoriedad en la región Caribe— atraviesa una profunda crisis. Infraestructura deteriorada, debilitamiento académico y disputas internas han marcado un declive significativo desde su época de esplendor.
Gette no dudó en relacionar ese deterioro con su exclusión del poder institucional:
“Mientras Mario Ceballos y yo estuvimos al frente, la Autónoma era una universidad pujante: tenía sede en Miami, triplicó matrícula, ofrecía estímulos para arte, educación y deporte. Hoy ya no queda nada de eso; lo vendieron, lo abandonaron, lo destruyeron.”
La exrectora afirmó que el verdadero interés detrás de las acusaciones es desplazarla para que otros se adueñaran de la institución:
“Quisieron mantenerme ocupada en múltiples procesos judiciales para que no pudiera defender la universidad. Querían que me consumiera el desgaste jurídico mientras otros tomaban el control.”
Qué sigue y por qué este caso importa
El juez aún no ha anunciado la fecha para emitir su decisión final. Por ahora, Gette se mantiene en libertad, pues ha cumplido condenas previas por delitos como soborno y abuso de confianza, medidas que la defensa considera saldadas en su mayoría.
Este proceso no solo tiene implicaciones penales para una figura emblemática de la educación superior en la Costa Caribe, sino que también condiciona el rumbo institucional de la Universidad Autónoma del Caribe y sus actuales autoridades. Las declaraciones recientes de Gette y su denuncia de conspiración retoman el debate sobre la politización del ámbito académico y sobre el peso que las pugnas de poder pueden tener cuando colisionan con la justicia.
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