Los 22 años de calvario que tienen a la Uniautónoma del Caribe al borde del colapso

Desidia administrativa, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, nepotismo, contratación ilegal, enajenación de sus activos e incumplimiento con empleados y deudores, es el penoso día a día que vive la universidad que hoy está a punto de perder sus edificios académicos.

POR ANUAR SAAD

La penosa crisis administrativa, económica y académica que atraviesa la Universidad autónoma del Caribe es el producto de la malversación de sus fondos, de la desidia de sus directivas y de la corrupción que se enquistó al más alto nivel dentro de una institución que siempre había sido un referente  en el concierto académico de la región y el país.

La Uniautónoma inició labores el 25 de julio de 1967 y en la década de los 70 puso al servicio su primer bloque en el sitio donde funciona su actual sede en la calle 90 con la carrera 46. Durante sus 55 años de existencia ha vivido distintas etapas marcadas por su desarrollo y crecimiento de programas académicos, de la construcción de nuevos y modernos edificios, de la puesta en funcionamiento del que fuera el mejor polideportivo del caribe colombiano, pero también estuvo marcado por más de dos décadas de escándalos de corrupción.

Y ese camino hacia el calvario, inició hace 22 años después de la muerte del doctor Mario Ceballos Araújo, su rector fundador. Ceballos manejó con prudencia los destinos de la universidad y paso a paso posicionó programas que fueron referentes no solo en la ciudad, sino en la región: Arquitectura, Contabilidad, Administración de Empresas, Comunicación Social y Diseño de Modas fueron la punta de lanza que permitieron el crecimiento de la institución que para entonces llegó a tener 11 mil estudiantes.

A la muerte del rector fundador, en octubre de 2003, llegó el ascenso al poder de su esposa, la polémica bailarina argentina Silvia Gette Ponce quien años después se graduó como abogada, y que fue marcando el punto de quiebre del Alma Mater. Aunque con ella la universidad despuntó tecnológicamente, amplió el abanico de programas y fortaleció posgrados e inició el camino hacia procesos de calidad, también en esa época empezaron a conocerse las primeras denuncias de malos manejos al interior de la universidad. 

La ascensión de Sivia Gette

Para la época se decía en los pasillos y corrillos de la universidad que de las arcas de la institución salían dineros para mantener a hermanos y sobrinos. Algunos de ellos estaban en nómina, sin ejercer cargo alguno. Autopréstamos, pago de gastos personales con dineros de la institución, enriquecimiento ilícito, primeros atrasos en pago de nómina, congelamento de los salarios de los docentes, un asesinato qe nunca se esclareció dentro de su claustro, la extraña muerte del entonces representante legal de la universidad y la denuncia por intento de soborno a funcionarios de la Fiscalía, fueron solo algunos de los sucesos oscuros que empezaron a mancillar el nombre de la universidad.

Silvia Gette se desempeñó en  la rectoría desde 2003 a el  2012 hasta su salida con licencia remunerada por problemas legales en ese último año. Fue finalmente suspendida por el Consejo Directivo el 2 de abril de 2013, cuando fue capturada y judicializada en la ciudad de Bogotá por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del ganadero Fernando Cepeda y por el presunto intento de soborno a un testigo del caso. Después, vendría la acusación y condena por un autopréstamo que se habría realizado por un monto cercano al millón de dólares.

La salida de Silvia Gette provocó por primera vez una reacción de la comunidad académica exigiendo justicia y buenos manejos para la institución. Semanas después, Mariano Romero fue designado como rector encargado pero fue sustituido a las pocas semanas en el cargo por Ramsés Vargas Lamadrid quien estaría al frente de la universidad desde 2013 hasta 2018.

El faraón del desfalco

Con Ramsés Vargas se alcanzó a respirar una especie de “renacimiento” de la institución. Se invirtieron grandes sumas de dinero en remozar, modernizar y acondicionar el alma mater y terminar, por fin, lo que se conoce como el edificio de Posgrado que es donde se imparten casi todas las clases de la universidad.

Vargas levantó la universidad y la proyectó en el plano nacional entre 2013 y 2015. Ya en 2016 las primeras voces de alerta sonaron y se dieron cuenta de que algo pasaba con sus arcas. Entonces surgió el primer sindicato de la universidad (hoy existen 8) para defender los intereses de la comunidad.

En 2017 nadie podía desvirtuar lo evidente: más de 20 mil millones habían sido sustraídos ilegalmente por Ramsés Vargas acolitado por algunos de sus funcionarios y fue entonces cuando se dejaron de pagar regularmente los sueldos y los aportes a seguridad social y los impuestos a la DIAN. 

Así mismo, varios de los inmuebles  que pertenecían a la universidad fueron vendidos a precios irrisorios o hipotecados. Pignoró parte del Polideportivo y entregó a Davivienda como garantía de sus préstamos varios edificios de la universidad entre ellos el edificio de posgrado (donde se imparten las clases) y el parqueadero del centro de estudios. Ante un movimiento liderado por tres docentes y luego apoyado por el sindicato de la universidad, empezó una huelga que terminó con la renuncia de Vargas.

A principios de 2018 Vargas fue apresado y encarcelado al igual que siete de sus funcionarios de mayor rango. Increíblemente algunos pagaron pocos meses de prisión y Ramsés Vargas aún no ha sido llevado a juicio a pesar de las pruebas que dice tener la Fiscalía.

En ese mismo 2018 un personaje que ha sido nefasto para el bienestar de la universidad llegó efímeramente a la rectoría gracias a una componenda de Ramsés Vargas antes de ser apresado. Se trataba de Víctor Armenta nombrado y destituido a los pocos meses y reemplazado por Claudia Dacunha, de pobre desempeño como rectora, donde estuvo hasta  agosto de 2019. Con Dacunha se normalizaron los pagos a los empleados, pero aumentó la nómina en medio de una poca población estudiantil que había caído de 12 mil estudiantes, a 6.400.

Un corto respiro

Ese mismo año María Victoria Mejia, una académica antioqueña, fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional como nueva rectora de la UAC hasta 30 de marzo de 2020.

Ella fue, tal vez, la que mejor supo manejar desde la muerte del rector fundador los destinos de la universidad y por desgracia, con la llegada de la pandemia por COVID 19, renunció para estar al lado de su familia. Mejía priorizó el pago de nómina y prestaciones en la universidad y fue austera en el manejo de los recursos, Con ella, la población estudantil alcanzó a legar a los 7.750 estudiantes.

El falso profeta

Mauricio Molinares  Cañavera asumiría entonces las riendas de la universidad y se auto proclamaba como “salvador” de esa casa de estudios. Recortó drásticamente la nómina, suspendió ilegalmente por un año a más de 100 trabajadores, acosó laboralmente a algunos para obligarlos a renunciar mientras que firmaba contratos irregulares con empresas fantasmas y los varios sindicatos existentes empezaron a pedir su cabeza. 

Duró menos de cuatro años en la rectoría, a donde llegó -luego de haber sido rector de la Universidad Libre en Barranquilla- y a la larga sucumbió en medio de denuncias y escándalos por presunta corrupción administrativa por la que el ministerio le abrió investigación, entre ellas por la malversación de recursos y el detrimento patrimonial por venta irregular de activos de la universidad.

Desde antes de su llegada a la Rectoría, ya el Ministerio había decretado diversas medidas de inspección y vigilancia, como la designación de un inspector in situ y la demanda de un plan de mejoramiento, pero con el paso del tiempo estas medidas nunca cumplieron su objetivo real. En reiteradas oportunidades, pese a que el rector decía que iba a rendir cuentas y presentar informes, esto no se dio. Cerca del 50 % de las deudas de la universidad corresponden a obligaciones laborales.

En el tiempo de su rectoría, Molinares Cañavera no logró levantar económicamente la institución, que cayó fuertemente en estudiantes (también por la pandemia), que tuvo que comprometer la mayoría de bienes inmuebles, que dejó de cumplir con muchas obligaciones laborales, y que se vio envuelto en serias denuncias sobre posibles actos de corrupción, erogaciones injustificadas y favorecimiento en contratación.

El petrismo al frente

En medio de ese tormentoso escenario el gobierno nacional designó como rector al profesor e investigador universitario Jorge Enrique Senior  el 5 de marzo de 2024. Su nombramiento cayó bien en el ámbito académico por ser un hombre cuya hoja de vida ha estado marcada por logros académicos y con experiencia en investigación.

Sin embargo, la falta de experiencia en el manejo administrativo de una compleja institución como la Autónoma, el nombramiento de directivos con poco conocimiento de la Academia, su marcado activismo político y la evidente incapacidad de tomar medidas que permitan el saneamiento y renacer de la Autónoma, no solo han mantenido la crisis, sino que se ha empeorado: la millonaria deuda se multiplicó (más de 178 mil millones de pesos) las prestaciones sociales siguen sin ponerse al día y a los catedráticos y algunos docentes se les demora el pago de sus salarios.

Así mismo, la caída escandalosa de estudiantes (de 7.700 que existían hoy deambulan por sus aulas un poco más de 5 mil) y el mantenimiento de ineficientes directivos docentes que cobran sueldos suntuosos y  que no se corresponde con la realidad económica de la universidad, la siguen llevando más al foso. Aunque él no es responsable del estado de la universidad (los que le antecedieron la dejaron en la ruina) tampoco ha tomado las mejores decisiones para aliviar la carga que hoy lleva sobre sus hombros la querida alma mater.

La cereza del pastel

El miércoles 7 de julio se conoció la sentencia del juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla quien da tres días de plazo para que el alma mater entregue a Davivienda cuatro de sus edificios como pago de una deuda de casi 6 mil millones de pesos que tiene la universidad con esta entidad financiera.

Según el fallo de primera instancia, el contrato de arrendamiento se firmó en marzo de 2016, cuando Ramsés Vargas, quien fue acusado por el presunto desfalco de la institución, ocupaba el cargo de rector y se vio abocado a entregar los inmuebles como garantía por las deudas contraidas con esa entidad financiera. A pesar de que tene cinco días para entregar los nmuebles, la Universidad puede apelar el fallo de primera instancia.

Lo cierto es que un referente académico como lo fue la Universidad Autónoma del Caribe, hoy es una institución mancillada por quienes han dirigido su destino; irrespetada, saqueada y que parece necesitar un milagro en forma de inyección financiera y manejo honesto y eficiente, para sacarla de su horrenda crisis y pueda, por fin, renacer.

Al cierre de esta nota, el rector Jorge Senior emitió un comunicado oficial en el que, como es normal en el petrismo, culpa a la prensa de los males de la universidad. «La desinformación», acusa en su trino. Este es el comunicado completo:

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