Redacción Hora en Punto
La Universidad Autónoma del Caribe vuelve a estar en el ojo del huracán. Once años después de la polémica elección de Ramsés Vargas Lamadrid como rector —una designación que cambió el rumbo de la institución y la sumergió en su crisis más profunda— la justicia vuelve a tocar la puerta de quienes manejaron los hilos del poder académico entre 2012 y 2018.
Esta semana, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de 2013, el mismo que, según la investigación, orquestó la llegada irregular de Vargas al cargo máximo de la Universidad Autónoma. El exrector, ausente en la audiencia ante el Juzgado 16 Penal con funciones de control de garantías, fue declarado en contumacia junto a Tamid Turbay, otro de los miembros de la junta directiva de ese entonces.
El ente acusador sostiene que la elección fue el resultado de una serie de maniobras internas, actas alteradas y una violación abierta a los estatutos de la institución. Según la Fiscalía, Vargas participó en una reunión del Consejo Directivo en diciembre de 2012, sin tener calidad de miembro ni suplente, y aprovechó la coyuntura de la licencia médica de la entonces rectora Silvia Gette Ponce para abrirse paso hacia el cargo.
“Hay mala fe de la Fiscalía. Me notificaron que la audiencia sería a las 10:00 a.m. y la realizaron a las 3:00 p.m., sin informar a mis abogados. Quieren mantener vivo un proceso que carece de fundamento jurídico”, respondió Vargas, quien hoy intenta defender su imagen desde el exilio mediático en que se encuentra desde 2018.
El poder, la caída y los años oscuros
Para entender este nuevo capítulo judicial hay que volver una década atrás. En 2013, tras la salida abrupta de Silvia Gette —quien también enfrentó procesos judiciales por presuntos desvíos de recursos—, Ramsés Vargas asumió la rectoría con un discurso de modernización, transparencia y “rescate institucional”. Durante los primeros meses prometió limpiar la casa y devolverle la credibilidad a la universidad. Pero pronto comenzaron a filtrarse las primeras denuncias: irregularidades financieras, retrasos en los pagos, falta de aportes a seguridad social y una estructura administrativa paralela que drenaba los recursos de la institución.
La Contraloría General y el Ministerio de Educación Nacional detectaron millonarios faltantes en los fondos universitarios, además de pagos fantasmas y contratos inflados. En 2018, tras múltiples protestas de estudiantes y profesores que no recibían sus sueldos, el Ministerio intervino la universidad, designando una administración temporal para evitar su cierre.
Aquel episodio dejó al descubierto una red de corrupción que se había enquistado en el corazón mismo de la academia barranquillera. Ramsés Vargas fue señalado como el artífice de un sistema de desvíos financieros que comprometió los recursos públicos y las matrículas de miles de estudiantes, en lo que fue considerado uno de los mayores escándalos educativos de la Costa Caribe.
El retorno del caso a los estrados
La audiencia de esta semana reabre el expediente que parecía dormido. En la diligencia virtual, además de Vargas y Turbay, fueron imputados Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña, quienes formaban parte del Consejo Directivo que avaló la elección. Ninguno aceptó cargos.
El fiscal del caso explicó que, de acuerdo con los estatutos de la universidad, era el vicerrector Romero quien debía asumir la suplencia durante la ausencia de Gette, y no Vargas. Sin embargo, el Consejo Directivo habría modificado las actas para justificar el nombramiento de este último, configurando así el presunto fraude procesal.
La Fiscalía también reconoció como víctimas a Silvia Gette y a la propia Universidad Autónoma del Caribe, hoy aún en proceso de reconstrucción institucional y económica.
Entre el pasado y la impunidad
El caso de la Autónoma resume el drama de muchas universidades privadas en Colombia que fueron creadas como proyectos académicos pero terminaron convertidas en fortines políticos y familiares. Durante años, el control sobre la institución fue disputado por clanes y alianzas que vieron en la universidad no un espacio de conocimiento, sino un negocio rentable.
Ramsés Vargas, heredero de una familia con presencia histórica en la universidad —su padre, Eduardo Vargas Osorio, fue miembro del Consejo Directivo—, representó la continuidad de un modelo de poder endogámico. Su caída en 2018, cuando las protestas estudiantiles y las auditorías financieras lo obligaron a renunciar, marcó el principio del fin de una era en la Autónoma, pero no el cierre de las heridas.
El nuevo proceso judicial promete revivir los fantasmas de una universidad que, pese a su recuperación administrativa, aún lucha por lavar el nombre que durante décadas fue símbolo de orgullo en la región Caribe.
El eco en la comunidad académica
Entre los egresados y docentes, la noticia ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y esperanza. “Durante años sentimos que la justicia se olvidó de nosotros. Que todo se borró con la intervención del Ministerio. Ojalá esta vez haya consecuencias reales”, dijo a Hora en Punto un profesor jubilado que pidió reservar su identidad.
La comunidad académica reclama no solo sanciones judiciales, sino también una revisión profunda del modelo de gobernanza de las universidades privadas en Colombia, donde los consejos directivos —frecuentemente integrados por los mismos grupos familiares— concentran un poder que a menudo escapa al control del Estado.
Un juicio que será un espejo
El caso Vargas es más que una disputa legal: es el espejo de una época en que la autonomía universitaria se confundió con impunidad.
A la espera de nuevas audiencias y de la respuesta del juez, el proceso promete reabrir viejas heridas y poner a prueba si la justicia será capaz, al fin, de cerrar con verdad uno de los capítulos más vergonzosos de la educación superior en el Caribe colombiano.
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