La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este miércoles que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, aunque aclaró que, por ahora, “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
El anuncio llegó tras tres días de visita a Venezuela del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige “ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela”.
“(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, destacó.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, segpún informa un despacho de la agencia EFE.
Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos estaba Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Sin embargo, el documento firmado hoy determina que, en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”, la “investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
En su declaración, Maduro aseguró que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI.
“Después de esta evaluación y este debate, el fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”, afirmó.
Sostuvo que, antes de que se anunciara esta decisión y durante “la llamada fase de examen preliminar, no (se) le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba” en la CPI, una instancia judicial de último recurso que se rige por el principio de complementariedad.
Eso implica que solo interviene si la Justicia venezolana lleva a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
Cuando la Fiscalía de la CPI considera que las investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasa a ser una investigación formal.
El mandatario venezolano subrayó que, para la etapa de investigación, se firmó un acuerdo entre Venezuela y la Fiscalía de la CPI que garantiza, “de manera firme y definitiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia”.
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