En lo que se ha considerado como una decisión histórica la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, no precluyó la investigación por presunta manipulación de testigos contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de esta manera rechazó la solicitud de preclusión que hizo la fiscalía general de la Nación.
Durante más de doce horas la juez argumentó que la Fiscalía no investigó a profundidad, y tampoco presentó los testigos que se requerían para esclarecer lo que ocurrió en este caso, en el que al parecer se ofrecieron millonarios sobornos y beneficios jurídicos a varios exparamilitares entre ellos Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’ y Juan Guillermo Monsalve, considerado como el testigo estrella dentro de este caso.
«Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, el despacho rechazará la petición de preclusión de la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal de acuerdo con el código de procedimiento penal relativo a la atipicidad», señaló la juez.
Según la funcionaria judicial el expresidente Uribe Vélez, habría tenido conocimiento de los hechos ilegales que se presentaron.
«El exsenador Uribe Vélez en extenso sentido, intervino en los hechos objeto de verificación por lo cual no se podría deducir con certeza que el imputado haya sido totalmente ajeno a ellos».
Durante la extensa audiencia la juez argumentó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Uribe Vélez continúa con la calidad de imputado dentro de este proceso.
La juez también ha manifestado que la Fiscalía no logró demostrar la atipicidad de la conducta, principal argumento de la solicitud de preclusión que se formuló a mediados de 2021 ante su despacho judicial.
Criticó además que la fiscalía general no hubiese llamado testigos que consideró pertinentes dentro de la investigación y que habrían dado mayores elementos para establecer la verdad de lo que ocurrió con los supuestos sobornos a exparamilitares para que declararan a favor del exsenador y en contra del congresista Iván Cepeda.
Además, sostuvo que hay una hipótesis que indica que sí se incurrió en el delito de soborno en actuación penal.
Advirtió además que, no se le vulneraron los derechos al exsenador Uribe Vélez, por lo que expresó que «en sede de indagatoria y en fases anteriores de la acusación, el derecho a la defensa no se ve menguado, basta que la defensa sepa cuáles son los hechos objeto de investigación».
Explicó además que la defensa no puede argumentar que no existe claridad frente a la imputación ya que durante la audiencia de indagatoria se documentó suficiente lo que se investiga.
«El despacho no comparte la crítica de la defensa al censurar que la imputación llevada en la indagatoria fue ‘elástica'» , afirmó.
Al mismo tiempo se pronunció sobre una de las manifestaciones que hizo el exsenador en medio de la diligencia «no le asiste razón al exsenador Álvaro Uribe Vélez en su intervención cuando manifestó que se le había cercenado el derecho a la defensa».
Plena validez
La juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, aseguró que todo lo actuado por parte de la Corte Suprema de Justicia «conserva plena validez en toda actuación», por lo que dejó entrever que el expresidente sigue imputado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En medio de la decisión judicial se mencionó la visita que hizo el abogado Diego Cadena al lugar de reclusión en el que se encontraba la exfiscal Hilda Niño Farfán y en la que se habló sobre el supuesto complot que había en la Fiscalía contra Uribe Vélez.
También se destaca que en dicha reunión se habrían solicitado beneficios a cambio de la declaración de la exfiscal condenada por sus nexos con narcotraficantes.
«En dicha visita la exfiscal supuestamente referiría a Cadena, el alegado complot contra Álvaro Uribe Vélez en la Fiscalía General de la Nación y manifestaría su propuesta de rendir testimonio a cambio de que se le consiguiera una oportunidad de declarar ante algún funcionario de alto rango en la Fiscalía o por lo menos uno distinto al que investigaba su caso y que le ayudara a conseguir un cupo en la Escuela de Caballería, estimaron las víctimas que de acuerdo con las interceptaciones de comunicaciones se obtiene que Diego Cadena, le confirmó a Hilda Niño que en efecto había hecho la gestión en la Fiscalía General de la Nación para que está fuera escuchada».
Además, dijo que está probado que Cadena y la exfiscal Niño Farfán, se conocían de tiempo atrás.
«En virtud de lo expuesto las víctimas consideraron qué es posible una hipótesis de soborno en actuación penal toda vez que el excongresista Uribe Vélez intervino para llevar el testimonio de la exfiscal a la justicia, con lo cual habría lugar a la posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia».
Durante su exposición la juez aseguró que «no resulta creíble» la declaración del abogado Diego Cadena sobre las cartas firmadas por los paramilitares alias Sinaí, Cadavid y Poli, recluidos en la cárcel de Cómbita y que fueron entregadas a la Corte Suprema de Justicia.
Además, señalóla juez, que hubo incongruencias en la declaración que ante la Corte entregó el abogado Diego Cadena, quien olvidó detalles importantes sobre este momento del proceso judicial. Según expresó Cadena los habría olvidado sin embargo para la juez «no resulta creíble», que hubiera perdido la memoria sobre este episodio.
La funcionaria judicial se pronunció por la reunión que Cadena sostuvo con el director de la cárcel de Cómbita coronel Germán Ricaurte Tapia, la abogada de los extraditables Ángela López, el asesor de la UTL de Uribe, Fabián Rojas.
“Para este despacho no resulta creíble que el haber omitido decirle a la Corte acerca de la reunión con el director de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, sea producto de la excusa que el mismo Cadena alegó posteriormente (perdió la memoria) porque difícil sería olvidar reunirse con el director de la cárcel que luego le ayudó a entrevistar a los testigos y con la abogada que le ayudó a tomar los testimonios”.
También cuestionó que la Fiscalía no hubiese llamado a declarar al exdirector de la cárcel de Cómbita además señaló que la Fiscalía no logró demostrar que los sobornos no ocurrieron.
El delegado de la fiscalía general, Gabiel Jaimes, anunció que no se apelará la decisión, por lo que queda en firme.
Fuente: La FM, Sistema Integrado de Información
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