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Patrullera Cortés ganó tutela en la que pedía cirugía de cambio de sexo

El 5 de octubre de este año, la Policía Nacional, en medio de un proceso disciplinario, destituyó a la patrullera Andrea Cortés Guarín por haber incurrido en falta gravísima a título de dolo «por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio», y por ello, la institución además la inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.

Cortés, quien logró reconocimiento por ser la primera mujer trans en las filas de la Policía, a la fecha no ha sido notificada del fallo por lo que sigue activa en la institución.

Por los hechos que se le sindicaron en su momento, la uniformada aseguró que era inocente y en este momento se encuentra en indagación de la Fiscalía. Según el informe publicado por el diario EL TIEMPO Cortés que se encuentra incapacitada por psiquiatría.

Y estando en cumplimiento de esa incapacidad, fue notificada el 19 de octubre de 2021 del fallo de tutela a su favor por parte del juzgado 16 Administrativo del circuito judicial de Bogotá, en el que se protegieron sus derechos a la salud, vida, identidad sexual y de género.

La uniformada pidió en la tutela que se ordene que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo «se realicen los trámites administrativos para que se haga efectiva la cirugía de cambio de sexo y demás procedimientos médicos necesarios para lograr su transformación y transición».

El juzgado informó de la decisión al Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional, ante quien Cortés había solicitado desde hace dos años la cirugía de reafirmación de género.

En el fallo de 20 páginas al que tuvo acceso este diario, se ordena al Ministerio y a la Policía que «dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a reunir al grupo multidisciplinario para que valoren a la señora Andrea Cortés Guarín, con el fin de determinar de manera conjunta e integral la viabilidad y acompañamiento en la cirugía de reasignación de sexo, como requisito para dicha intervención, sin que ello implique injerencia en la decisión médica, técnica y científica a la que haya lugar».

El juzgado citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha señalado que para que las personas transgénero puedan acceder a un procedimiento quirúrgico de reafirmación de identidad sexual y de género, a través del sistema de salud, «es necesario que sean valoradas por su médico tratante, que para el efecto es la junta médico multidisciplinaria que se compone para hacer la valoración y seguimiento en cada caso concreto».

Y en ese sentido, el despacho consideró que previo a la práctica de la cirugía debe darse cumplimiento a la valoración integral por parte de la junta multidisciplinaria. Advirtió que la valoración de la junta se encuentra incompleta «toda vez que debe contar con el apoyo, manejo y valoración de las demás áreas de la medicina como endocrinología, psiquiatría, psicología entre otras, que componen el llamado grupo multidisciplinario».

Y añadió que además «se debe elaborar el plan quirúrgico que necesita la señora Andrea Cortés Guarín para finalizar su proceso de reasignación de sexo. En otras palabras, el grupo multidisciplinario debe precisar los procedimientos necesarios, así como el calendario médico, para desarrollar estas intervenciones quirúrgicas, sobre todo debido a la actual contingencia generada por la pandemia por el covid-19«.

Andrea Cortés cuenta que en 2015, y en camino hacia su transformación, comenzó con el tratamiento hormonal. Tenía 19 años y ya estaba en la Escuela de Policía.Foto:

De igual forma, en el fallo de tutela se ordena a la «Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional que dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la presente providencia, dé respuesta de fondo a la solicitud del 08 de noviembre de 2019, si aún no lo hubiere realizado».

Esto en referencia a que Cortés, en esa fecha, se encontraba trabajando en la estación de Policía de Puerto Tejada (Cauca) y «radicó derecho de petición ante el coronel Orlando Mora Franco, Jefe Seccional sanidad Valle, solicitando que se realizara una junta médica para «manejo farmacológico y asignación de sexo».

En la decisión se hace referencia a la autorización del 6 de mayo que dio vía libre a la cirugía de cambio de sexo y sobre la cual «a la fecha de radicada la presente acción constitucional, la Policía Nacional ha guardado silencio».¿En desacato?

EL TIEMPO conoció que el 4 de noviembre el mismo juzgado le pidió al Ministerio de la Defensa y a la Policía Nacional que informen las gestiones adelantadas para cumplir el fallo de tutela del 9 de octubre.

«Adviértasele al funcionario responsable que en caso de que no se hubiere dado cumplimiento estricto a la sentencia de tutela, se ordenará abrir incidente de desacato», se señala en documento firmado por el despacho.

Además da dos días para rendir dicho informe con los antecedentes documentales expedidos por la entidad. A la fecha, este diario confirmó que lo ordenado, es decir la realización de la junta médica y valoración de Cortés Guarín, no se han realizado.