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La diligencia judicial quedó programada para el 17 de noviembre. La investigación se relaciona con una denuncia de la periodista y escritora María Antonia García de la Torre por hechos que habrían ocurrido en Madrid, España, en 2011.
El proceso judicial contra Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, dio un nuevo paso. La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente una audiencia de imputación de cargos contra el funcionario por el presunto delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva, en un caso que se remonta a diciembre de 2011.
La diligencia fue programada para el próximo 17 de noviembre y está relacionada con la denuncia presentada por la periodista y escritora María Antonia García de la Torre, quien señaló a Morris por presuntos actos sexuales sin su consentimiento durante un encuentro en Madrid, España.
La noticia fue reportada el lunes 26 de octubre por medios nacionales como Caracol Radio, Noticias RCN, Semana e Infobae, que coincidieron en señalar el avance de la actuación de la Fiscalía y la fecha prevista para la audiencia.
La decisión vuelve a poner bajo atención pública un expediente que ha tenido varios giros procesales y que, después de años de controversia, vuelve a avanzar en la justicia.
Una denuncia que se remonta a 2011
Según el relato que García de la Torre publicó en 2019, los hechos habrían ocurrido cuando trabajaba para el diario español El Mundo y buscaba conversar con Morris sobre el documental Impunity.
La periodista sostuvo que durante el encuentro, realizado en el barrio madrileño de Lavapiés, Morris la habría sujetado por la fuerza, manoseado y besado en la boca sin su consentimiento. De acuerdo con su versión, la reunión tenía un propósito periodístico y no existía ambigüedad sobre sus intenciones.
La denuncia penal fue presentada en 2019. Desde entonces, el caso ha atravesado distintas etapas, incluido su archivo y posteriores solicitudes para que fuera reexaminado.
La nueva actuación de la Fiscalía busca llevar el asunto ante un juez para formalizar la imputación correspondiente. Será en el escenario judicial donde deberán exponerse los elementos que sustentan la atribución del delito y garantizarse el ejercicio del derecho de defensa.
Un expediente que fue archivado y reabierto
El caso no llega a esta instancia sin antecedentes. La investigación había sido archivada después de que se cuestionara la calificación jurídica de los hechos denunciados. En abril de 2026, la Fiscalía ordenó reactivar la indagación al advertir posibles irregularidades en la manera como se había tramitado y calificado la conducta denunciada.
Según lo informado por El Espectador y La Silla Vacía, la revisión se centró, entre otros aspectos, en la clasificación del presunto delito y en la necesidad de aplicar un enfoque de género durante la investigación.
La discusión jurídica gira alrededor de cómo deben valorarse los hechos denunciados y si la calificación inicialmente adoptada correspondía a la naturaleza de las conductas descritas por la denunciante.
La defensa de García de la Torre respaldó la reapertura del expediente, mientras que los abogados de Morris cuestionaron la decisión y sostuvieron que la acción penal habría prescrito y que no existirían nuevos elementos que justificaran reabrir el caso.
Estas posiciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes dentro de las garantías del debido proceso.
La posición de la denunciante y la defensa
Tras conocerse la fecha de la audiencia, García de la Torre manifestó públicamente su confianza en las instituciones judiciales y anunció que no ofrecería nuevas declaraciones ni entrevistas sobre el caso, por respeto a su privacidad y al desarrollo del proceso. Indicó que las comunicaciones relacionadas con el asunto serían canalizadas por su apoderada, María Camila Correa.
La denunciante también expresó que su búsqueda de justicia comenzó con los hechos que asegura haber vivido en 2011 y que emprendió la vía legal en 2019.
Por su parte, la defensa de Morris ha cuestionado la reapertura de la investigación y ha argumentado que la actuación resulta irregular por razones relacionadas con la prescripción y el debido proceso. En anteriores reportes sobre el expediente también se ha recogido la postura atribuida al funcionario de que el encuentro fue consentido.
Esas posiciones deben entenderse como versiones enfrentadas dentro de un procedimiento que aún no ha establecido responsabilidad penal.
¿Qué viene ahora para el gerente de RTVC?
La audiencia del 17 de noviembre será el siguiente momento relevante del proceso. La imputación consiste en comunicar formalmente a una persona los cargos que la Fiscalía le atribuye; no equivale a una condena ni significa que un juez haya declarado probados los hechos.
Por esa razón, aunque la decisión representa un avance procesal para la denuncia de García de la Torre, la responsabilidad penal de Morris continúa sin estar establecida.
El caso tiene una dimensión adicional por la posición que ocupa el investigado al frente de RTVC, uno de los principales medios públicos del país. Sin embargo, cualquier valoración sobre sus consecuencias institucionales debe distinguirse de las decisiones que corresponden exclusivamente a la justicia.
Por ahora, la atención está puesta en la audiencia programada para noviembre y en el curso que tome un expediente que, tras años de actuaciones y controversias, vuelve a ocupar un lugar en la agenda judicial colombiana
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