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La Procuraduría y el representante de la víctima respaldaron la solicitud de medida de aseguramiento intramural. La audiencia continuará el próximo 29 de octubre, luego de que la defensa pidiera tiempo para estudiar las pruebas.
La Fiscalía General de la Nación pidió que Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, sea enviado a prisión mientras avanza la investigación por el presunto delito de acto sexual violento agravado contra una adolescente surfista de 16 años, en hechos que habrían ocurrido el pasado 2 de octubre en Puerto Colombia.
Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada el viernes 23 de octubre, el empresario no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. La solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario fue respaldada por la Procuraduría y por el representante judicial de la víctima, Julio Rodríguez Del Villar.
Según informó Zona Cero, la Fiscalía argumentó ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia que existen elementos para sustentar una inferencia razonable de autoría por parte del imputado.
La defensa solicitó aplazar su intervención con el propósito de estudiar el material probatorio. El juez accedió a la petición y reprogramó la audiencia para el próximo jueves 29 de octubre, a las 2 de la tarde.
En esa diligencia deberá continuar el debate sobre la solicitud de medida de aseguramiento, en un proceso que ha generado atención pública por la gravedad de los señalamientos y la edad de la presunta víctima.
Una denuncia que se hizo pública
El caso se conoció después de que la adolescente hiciera pública su denuncia en redes sociales y posteriormente acudiera a la Fiscalía para formalizarla.
De acuerdo con el relato divulgado por la joven y reproducido por medios como Zona Cero, Caracol Radio y Blu Radio, los hechos habrían ocurrido en una oficina ubicada dentro del predio donde funciona Kilymandiaro Sunset Paradise, un establecimiento turístico de Puerto Colombia.
La adolescente afirmó que, después de encontrarse con Álvarez Torres, este la habría llevado a su oficina y comenzado a formularle preguntas de carácter íntimo y sexual. Según su versión, la conversación la hizo sentir incómoda y presionada, mientras ella manifestaba su intención de retirarse.
Blu Radio publicó que, de acuerdo con la denuncia, el episodio habría incluido actos de naturaleza sexual delante de la menor. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser examinados por las autoridades judiciales.
El relato de la joven también circuló ampliamente en redes sociales, donde el caso despertó reacciones de preocupación por la protección de los menores de edad y la necesidad de que las denuncias de violencia sexual sean investigadas con rigor.
La difusión pública de la denuncia fue seguida por la actuación de la Fiscalía, que recopiló elementos para solicitar una orden judicial de captura.
Captura en el norte de Barranquilla
Álvarez Torres fue capturado el martes 20 de octubre en el barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, cuando, según los reportes periodísticos, se disponía a realizar una diligencia personal.
El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con participación de unidades de la Policía vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Ese mismo día, un juez de Puerto Colombia legalizó la captura. Posteriormente se adelantó la audiencia de imputación de cargos, en la que el procesado se declaró no culpable de los señalamientos en el sentido procesal de no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía.
La investigación está a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Atlántico.
La relación con Kilymandiaro
El nombre de Álvarez Torres ha sido asociado públicamente con Kilymandiaro Sunset Paradise, un conocido establecimiento de playa ubicado en Puerto Colombia. Sin embargo, el negocio señaló, según información publicada por medios locales, que no tiene relación con los hechos denunciados y que opera mediante el arrendamiento del predio, cuya propiedad atribuye a Álvarez Torres.
Esta distinción es relevante para el desarrollo de la información: la investigación penal se dirige contra el empresario por las conductas que presuntamente habría cometido, y no supone por sí misma responsabilidad penal del establecimiento comercial.
El caso sigue abierto y será la justicia la encargada de valorar las pruebas, escuchar a las partes y determinar las responsabilidades que correspondan.
Por ahora, la Fiscalía mantiene su solicitud de que el imputado permanezca en un centro carcelario mientras avanza el proceso. La defensa tendrá oportunidad de intervenir en la continuación de la audiencia prevista para el 29 de octubre.
Hora en Punto seguirá la evolución de este caso, con respeto por los derechos de la presunta víctima, el debido proceso y la presunción de inocencia del investigado
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