En diciembre del 2020, cuando se adjudicaba una de las licitaciones con las que se pretendía llevar Internet a los colegios públicos del país, en el ambiente había quienes decían que algo no estaba bien en el proceso.
El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones adjudicó en diciembre del 2020, un contrato por 2.1 billones de pesos con Comcel y la Unión Temporal Centros Poblados, para que estos contratistas se encargaran de instalar 15 mil centros digitales para conectar a internet las zonas rurales más apartadas del país.
Sin embargo, a pesar de que el contrato inició en diciembre del año pasado, hasta abril de 2021 solo se había ejecutado el 1% del mismo.
Así lo denunció La W quienes conocieron el contrato y las resoluciones del mismo y aseguraron que, antes de que se adjudicara, en la entidad ya se había cuestionado la empresa que lo iba a ejecutar porque el contratista que se ganó la región B, la Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder llevarlo a cabo.
Han pasado ocho meses desde que la adjudicación la Unión Temporal Centros Poblados empezó a incumplir las metas propuestas y no estaba instalando los puntos digitales que estaban dentro del calendario de la entrega de la contratación.
Pues el tema estalló al punto que un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que le ordenó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) suspender uno de los procesos que adelanta, tras el escándalo por las garantías presuntamente falsas en un contrato que adjudicó, en diciembre del año pasado, por $1,07 billones.
Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio.
El juez falla en el proceso en el que están vinculados los interventores de ese contrato y su acción les permitiría recolectar información y aclarar varios datos cuestionados.
De otra parte, el banco, al momento de enterarse de la situación en la que se le involucraba, le notificó al MinTIC que no había expedido ningún documento de garantía y además precisó que dará noticia de esta situación a las autoridades penales.
Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TICs, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como meta llevar Internet gratis a las instituciones públicas a nivel nacional.
La Unión Temporal Centros Poblados recibió en la licitación un contrato por $1,07 billones para cubrir la denominada región B del país, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Vale recordar que desde la asignación del contrato en diciembre del 2020, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha reportado más de 30 reuniones con el objetivo de mantener un control obre la ejecución de los recursos públicos y el avance hacia la meta de conectar el 70 por ciento del país antes de agosto de 2022.
LO QUE DICE CENTROS POBLADOS
El escándalo ha tomado fuerza nuevamente debido a que se ha conocido que en el proceso se realizó un anticipo de $70.000 millones, recursos que hay quienes afirman van a ser muy difíciles de recuperar.
En las últimas horas la Unión Temporal Centros Poblados hizo referencia a cómo ha invertido el dinero del anticipo del contrato que firmó con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
En un comunicado de 16 puntos, firmado por el representante legal, Luis Fernando Duque, señalan que en la actualidad ejecutan el contrato Nro. 1043 de 2020 para llevar conectividad a 7.277 puntos en el país.
Frente al anticipo de 70 mil millones asegura que el dinero no está perdido y que ha sido destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarias para la ejecución del contrato como son entre otros, equipos de telecomunicaciones (puntos de acceso wifi interiores y exteriores, enrutadores), equipos eléctricos (rectificadores, Inversores, baterías, breakers), equipos de energía solar (paneles solares, cargadores, baterías) e infraestructura (Postes, estructuras metálicas).
Lea también: El rostro de los verdaderos afectados por el contrato de MinTIC
Manifiesta el consorcio que los elementos fueron adquiridos a dos empresas, una nacional (Inselsa SAS) y una extrajera (Nuovo Security LLC).
Asegura que a pesar de que el MinTIC realizó el desembolso de los recursos en febrero de 2021, solo hasta mayo de este año se dio uso a los mismos.
El representante legal manifiesta que se realizaron pagos asociados a los equipos a Nuovo Security LLC, la suma de $58.301.922.067 y a Inselsa la suma de 11.941.357.532.
PIDEN RENUNCIA DE LA MINITIC
Por esta situación, un grupo de 19 congresistas de la oposición y de partidos independientes radicó una proposición para citar a la ministra Abudinen a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, que es acompañado por el pedido previo para que renuncie al cargo debido a estas posibles irregularidades con el contrato.
«No es aceptable que la ministra licite y realice adelantos de $70 mil millones, y creer que no haya tenido conocimiento de la existencia o veracidad de las garantías de cumplimiento aportadas por esta unión temporal, donde las pólizas presuntamente son falsas. El Gobierno, por un lado, tiene un discurso de austeridad, pero se da el lujo de entregar este dinero sin ningún tipo de respaldo», criticó la representante Katherine Miranda.
La congresista del Partido Verde, además, señaló que «la ministra no solamente debe renunciar, sino que debe responsabilizarse por los hechos y prejuicios ocasionados al dinero público. No vamos a permitir que siga tan campante, como si nada. Por eso radicamos esta moción de censura, por las irregularidades alrededor de estos contratos».
*Con información de Portafolio, W Radio y Caracol Radio
