Una ola de rechazo se desató en el país tras conocerse un presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, su familia y su equipo de gobierno. Autoridades locales, líderes políticos y representantes gremiales coincidieron en condenar las amenazas y exigir garantías de seguridad, así como acciones contundentes por parte del Estado.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su “rechazo total” frente a los hechos y manifestó su solidaridad con Char. Según indicó, el presunto plan estaría relacionado con las denuncias del mandatario barranquillero sobre el impacto de la política de “Paz Total” en el fortalecimiento de bandas delincuenciales.
Galán advirtió que esta estrategia podría estar exponiendo a los gobiernos locales a estructuras criminales cada vez más fuertes, lo que —dijo— incrementa la violencia en el país. Asimismo, pidió al Gobierno Nacional atender las denuncias y garantizar la seguridad del alcald
En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su respaldo a Char y cuestionó la política de seguridad del Gobierno. Aseguró que la denominada “Paz Total” ha significado una “entrega” del país a organizaciones criminales y planteó interrogantes sobre posibles riesgos derivados de los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra mandatarios locales. También pidió reforzar la protección no solo para Char, sino para todos los alcaldes del país.
Desde el ámbito regional, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó de manera categórica las amenazas y subrayó que estas no solo afectan a una persona, sino que representan un ataque directo contra la institucionalidad y la tranquilidad de toda la región. Verano hizo un llamado a las autoridades a avanzar en investigaciones rigurosas que permitan esclarecer los hechos y reiteró que el Atlántico “no se doblega ante los violentos”.
El pronunciamiento también fue respaldado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que a través de un comunicado rechazó cualquier acto de violencia o intimidación contra el mandatario barranquillero. La organización advirtió que este tipo de amenazas constituyen una agresión directa contra la democracia y la estabilidad de los territorios, y solicitó medidas urgentes de protección, investigación y judicialización.
Por su parte, el Centro Democrático calificó como “inaceptable” el uso del terror como mecanismo de presión y exigió al Estado garantizar de manera inmediata la vida e integridad de Char y su familia. En su declaración, el partido enfatizó que la democracia no puede ceder ante los violentos.
Desde el sector empresarial, Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, también rechazó con firmeza las amenazas y respaldó el llamado a las Fuerzas Armadas, la Policía y la justicia para actuar con contundencia. Señaló que atentar contra líderes públicos representa un ataque directo contra las instituciones y la construcción de país, por lo que insistió en que la seguridad debe ser una prioridad nacional.
Desde la Federación Colombiana de Municipios se emitió un pronunciamiento categórico en el que se condenaron las amenazas conocidas en las últimas horas, calificándolas como hechos que atentan contra la integridad del mandatario y el ejercicio legítimo de la autoridad local.
El director ejecutivo del gremio, Gilberto Toro Giraldo, advirtió sobre la gravedad de este tipo de situaciones: “El país no puede normalizar las amenazas contra los mandatarios locales. Atacar a un alcalde es atentar contra la institucionalidad y la democracia”.
*Con información de Caracol Radio
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