El escándalo del polígrafo y las interceptaciones ilegales a las que fue sometida Marelbys Meza –quien fue niñera del hijo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Gustavo Petro– tomó un giro inesperado ayer en la noche, cuando las autoridades en Bogotá encontraron el cuerpo sin vida del teniente coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres, quien trabajaba en la Presidencia y era investigado por presunta responsabilidad en dicho caso.
Las primeras versiones indican que el cuerpo del coronel –quien se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, donde Meza habría sido sometida al polígrafo y donde, al parecer, se habrían ordenado las chuzadas–, fue hallado en una camioneta en la localidad de Teusaquillo, a la altura del barrio Palermo (calle 22 con carrera 48), en Bogotá.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó ayer el levantamiento del cadáver e inspeccionó tanto el vehículo como la zona en la que ocurrieron los hechos. El organismo trata de establecer si detrás de la muerte hubo un suicidio, pues al parecer –de acuerdo con información revelada por Semana– el uniformado se movilizaba con otro policía encargado de su seguridad a quien le habría encomendado comprar una botella de agua y, a su regreso al vehículo, lo encontró sin vida con un impacto de bala.
En un escueto comunicado, la Policía de Bogotá se limitó a confirmar el hallazgo e informar que la investigación estará en manos de la Fiscalía “para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de estos lamentables hechos”. Al tiempo que lamentó la muerte, la institución anunció que dispondrá acompañamiento psicosocial para la familia del uniformado.
A su turno, el director de la Policía, general William Salamanca, acudió a Twitter para lamentar la muerte y expresar “solidaridad con sus familiares en este difícil momento”.
Justo hace una semana, en una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa, el coronel Dávila manifestó su “absoluta disponibilidad” para presentarse ante su despacho para responder por las pesquisas alrededor, no solo de las chuzadas, sino del polígrafo.
“Reitero mi disponibilidad de presentarme en fecha y hora que se señale para ser escuchado en diligencia de interrogatorio (…) Reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia y me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación”, explicó el coronel en la misiva.
Inclusive, en medio de la incertidumbre y la zozobra por el hallazgo, el abogado Miguel Ángel del Río –cercano al petrismo, quien incluso suena como candidato a la terna para Fiscal por parte del Pacto Histórico– lanzó una temeraria tesis: según el togado, el propio uniformado le expresó que era víctima de amenazas y persecución por parte del propio ente investigador. Para algunos que comentaron el trino, se trata de una estrategia de comunicación para desprestigiar el caso.
“El día de ayer (jueves) me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, declaró Del Río sin más en su cuenta de Twitter, aseverando que fue el uniformado quien atendió la diligencia de inspección que adelantó la Fiscalía en el piso 13 del edificio de la DIAN, en Bogotá.
En dicho lugar opera desde hace 15 años un equipo élite que custodia la seguridad del Presidente de la República. Al parecer, desde allí se habrían ordenado las chuzadas contra Marelbys Meza, por lo que el miércoles fue inspeccionada por investigadores del CTI.
Con esta, ya son dos las instituciones que confirman que están escudriñando la información que resultó de los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que habló de la posible entrada de $15.000 millones a la campaña para conseguir votos en la costa Caribe. Esa plata no aparece en las cuentas oficiales.
La Fiscalía, que lidera Francisco Barbosa, confirmó que está dirigiendo sus actuaciones a las personas aforadas o no aforadas que puedan estar implicadas, sobre el que el presidente Petro ha dicho que se pueden escudriñar todos las cuentas.
La oficina de Barbosa confirmó que “el frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente”, y está buscando establecer los presuntos delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas y violación de topes electorales, entre otras conductas .
El ente acusador no da nombres, pero los reflectores están puestos sobre el gerente general de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Él, para el 2022, estuvo a cargo de concentrar a gestión de los recursos: los $50.323 millones que fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Roa sostuvo que “nunca pasaron recursos ni se gestionaron recursos ni por parte de Benedetti ni por persona alguna de la campaña distintos a los reportados”.
Esas afirmaciones las hizo en una entrevista con Blu Radio, la primera desde que se conocieron los audios de Benedetti, en la que también aseveró que el exembajador “no me ofreció recursos para la campaña, ni provenientes de ninguna fuente”.
El mismo Roa confirmó que no hubo gerentes regionales, sino que toda la gestión de los recursos se concentró en su despacho, porque nadie más –dice él– estaba autorizado para recibir recursos. El problema es que en los archivos filtrados, el mismo exembajador dice que quienes giraron esa plata “no eran emprendedores”
*Con información del diario El Colombiano
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