
Más de 5.5 millones de usuarios del sistema de salud están en la incertidumbre ante la radical decisión del gobierno de Gustavo Petro de intervenir a la segunda prestadorea mas grande de servivios de salud en Colombia que es la EPS Sanitas.
La decisión dasda a conocer en la tarde de este martes 2 de abril por la Superintendencia de Salud se da en medio de una profunda crisis en el Senado, que tiene a la reforma del presidente al borde del hundimiento, lo que ha dado para especular sobre si lo que pretende Petro es «hacer la reforma a la fuerza»,
Una información publicada por el diario El País, señala que «desde que llegó al poder, Petro ha buscado transformar de raíz el sistema de salud y eliminar las EPS privadas, que según él han convertido la salud en un negocio y no en un derecho. El objetivo de su reforma, que hoy sufrió una gran derrota en la Comisión Séptima del Senado y que se votará en la mañana del miércoles, es eliminar la intermediación de las promotoras para que el dinero pase directamente del Estado a las clínicas y hospitales.»
Según el informe de ese diario Petro justificó la decisión en su cuenta de X: “El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.
Esta intervención ha generado una enorme controversia en el país. Muchos sectores políticos y empresariales se resisten a cambiar un sistema de salud semipúblico porque creen que el modelo ha funcionado bien desde los años 90 -con sus imperfecciones- y que es superior al de otros países de la región. Sus defensores argumentan que resistió el embate de la pandemia y no colapsó en un momento de máxima exigencia. La decisión, además, ha generado preocupación entre los millones de afiliados de Sanitas que esperan que la continuidad de los tratamientos no se vaya a perder y puedan seguir accediendo a los servicios.
Por ahora, el Gobierno no busca liquidar la entidad, sino administrarla, lo que implica cambiar al gerente y a la junta directiva y nombrar a un interventor independiente. En teoría, no habrá un cambio significativo en la prestación del servicio para los pacientes. La intervención ocurrió en la sede principal de Sanitas, en la calle 109 con autopista, al norte de Bogotá.
El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, confirmó la intervención a través de un video publicado en la cuenta de X de la entidad: “La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas. Y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a esta EPS por un año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación”. De acuerdo con Leal, no se alterarán los servicios para los usuarios. “Las funciones de las EPS van a continuar. Los afiliados no deben incurrir en ningún trámite administrativo. Se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios. La medida se toma con el ánimo de proteger la salud de la población”.
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