La decisión pone fin a uno de los esquemas de cobro más cuestionados del norte del país, proyectado inicialmente para operar durante los próximos 35 años, y que fue objeto de constantes protestas por parte de comunidades, comerciantes y transportadores de la región.
“Liberamos de siete peajes el Caribe. Así lo haremos con la zona cafetera”, escribió el mandatario en sus redes sociales, al confirmar que la medida hace parte de una política más amplia de revisión de concesiones viales.
El anuncio se materializa con la terminación anticipada del contrato que mantenía la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S. sobre el corredor Cartagena–Barranquilla. Según informó El Heraldo, el proceso de reversión comenzará el 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta junio del mismo año.
Una vez concluido ese trámite, la administración, operación y mantenimiento de la vía quedarán a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), bajo un esquema de gestión pública directa. Desde el Gobierno se indicó que la eliminación de los peajes busca reducir los costos de movilidad, aliviar la carga financiera de los usuarios frecuentes y estimular la economía regional.
Las estaciones de cobro se habían convertido en un foco permanente de inconformidad social, debido a su impacto en los desplazamientos cotidianos y en la competitividad de los municipios cercanos al corredor, de acuerdo con reportes de medios públicos y regionales.
El camino hacia la eliminación de los peajes estuvo precedido por una compleja negociación entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria. En mayo de 2024, Autopistas del Caribe solicitó la terminación anticipada del contrato ante un tribunal de comercio internacional, argumentando la inviabilidad financiera del proyecto.
Entre los factores citados estuvieron las protestas sociales, el bajo recaudo y la imposibilidad de instalar nuevas estaciones de peaje previstas en sectores como Arroyo Grande, en el municipio de Luruaco. Inicialmente, la concesionaria reclamó perjuicios por más de 1,29 billones de pesos.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado permitió reducir de manera significativa esa cifra y evitar un litigio que, según la ANI, podría haberse extendido hasta 2027 y derivar en una condena mayor. Los pagos pactados se realizarán con recursos del patrimonio autónomo del proyecto y no afectarán el Presupuesto General de la Nación.
Durante un período de transición de 200 días, Autopistas del Caribe continuará operando la vía y administrando los peajes que actualmente funcionan en Turbaco, Sabanagrande y Galapa, con el fin de garantizar la continuidad del servicio hasta la entrega definitiva al Estado.
La ANI explicó que el bajo recaudo y los incumplimientos en la instalación de nuevos peajes, asociados a bloqueos y manifestaciones ciudadanas, fueron determinantes para la resolución anticipada del contrato. Desde la concesionaria, estos hechos fueron considerados eventos fuera de su control que afectaron la sostenibilidad del proyecto.
La eliminación de los siete peajes marca un cambio de fondo en la gestión del corredor vial y abre paso a un nuevo esquema de administración pública, mientras el Gobierno avanza en la revisión de otras concesiones en el país.
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