ANÁLISIS / ANUAR SAAD
En Colombia, la política tiene una extraña capacidad de sobrevivir a sus propios escándalos. A veces incluso pareciera alimentarse de ellos. La captura de Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte —dos congresistas recién elegidos en las recientes elecciones legislativas — vuelve a poner sobre la mesa una paradoja que se repite con inquietante frecuencia: en el país donde los procesos judiciales son noticia diaria, los votos parecen inmunes al peso de las investigaciones.
El escándalo que estalló después de las urnas
Ambos políticos ya estaban en la mira de las autoridades por su presunta participación en el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos más delicados que ha golpeado al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según la investigación judicial, el esquema habría consistido en una práctica tan antigua como la política misma: votos a cambio de contratos. Como integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso, los legisladores habrían respaldado operaciones de endeudamiento del Gobierno a cambio de direccionar millonarios contratos de la UNGRD hacia proyectos en regiones específicas. Como de recordará ya son varios los capturados e imputados por este mismo escandalo que ha estremecido al país y que el gobierno Petro ha hecho hasta lo imposible por minimizar sin exito alguno.
El monto en discusión no era menor. En reuniones que hoy forman parte del expediente judicial se habló de contratos que en conjunto superaban los 92.000 millones de pesos, destinados a proyectos en Córdoba, Bolívar y Arauca.
Pero lo que convierte este episodio en un símbolo de la política colombiana no es solo la acusación, sino el momento.: los dos congresistas acababan de ganar en las urnas.
Manzur había logrado uno de los saltos políticos más importantes de su carrera al pasar de la Cámara al Senado con más de 135.000 votos, mientras Manrique revalidaba su curul de paz con el respaldo electoral en Arauca.
La captura llegó apenas tres días después de las elecciones.
Cuando los escándalos no restan
El episodio deja una pregunta incómoda que atraviesa la historia política colombiana:
¿por qué los escándalos no necesariamente castigan en las urnas?
Hay varias respuestas posibles.
La primera es estructural. En muchas regiones del país la política sigue funcionando a través de maquinarias electorales capaces de movilizar votos incluso cuando los candidatos están rodeados de cuestionamientos. El elector no siempre vota por la reputación pública del candidato, sino por su capacidad de resolver problemas inmediatos: empleo, favores, gestión de proyectos o simple cercanía territorial.
La segunda tiene que ver con la saturación del escándalo. Colombia vive desde hace décadas en una especie de normalización de la denuncia. Cada semana aparece un nuevo caso: corrupción en contratos, compra de votos, financiamiento irregular. El efecto paradójico es que el escándalo pierde capacidad de indignación colectiva.
En otras palabras: cuando todo es escándalo, nada termina siéndolo.
La tercera explicación es más profunda y tiene que ver con el tiempo de la justicia. Entre imputaciones, investigaciones y decisiones judiciales pueden pasar años. En ese intervalo, los políticos siguen haciendo campaña, construyendo redes y consolidando su base electoral.
Por eso no resulta extraño que en Colombia haya candidatos investigados que ganan elecciones… y luego enfrentan a la justicia ya investidos con el mandato popular.
El símbolo de un sistema
La captura de Manzur y Manrique es, en realidad, un episodio más dentro de un rompecabezas mayor: el caso de corrupción de la UNGRD, un escándalo que ha salpicado a congresistas, exministros y altos funcionarios del gobierno nacional.
El proceso apenas comienza y promete seguir destapando nombres y responsabilidades.
Pero más allá de lo judicial, el episodio deja una imagen que resume la política colombiana contemporánea:
dos congresistas celebrando su victoria electoral mientras la justicia terminaba de armar el expediente que los llevaría a prisión.
Una escena que parece sacada de una novela política latinoamericana, pero que en Colombia ocurre con inquietante regularidad.
Porque en este país, a veces, los escándalos no restan votos. A veces, simplemente conviven con ellos.
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