La ministra de Educación, Aurora Vergara, firmó la resolución 017823, del 2 de octubre, para abrir investigación a Mauricio Molinares, rector de la Univ. Autónoma del Caribe y demás directivos, responsables por la situación financiera de la IES.
Lo llamativo (y hasta preocupante), es que la apertura de investigación administrativa preliminar se da por hechos denunciados por la entonces inspectora in situ, Diana Lucía Barrios, en sus informes de noviembre de 2022 y marzo de 2023, y relacionados con posibles irregulares contrataciones y manejo de recursos de la Universidad Autónoma del Caribe entre los años 2021 y 2022.
Todos los considerandos de la resolución, que llevaron a tomar la decisión, corresponden a los mismos hechos ya conocidos informados por El Observatorio de la Universidad Colombiana en marzo de este año; es decir, hace siete meses, sin que desde entonces el Ministerio hubiera hecho algo.
Harold Mauricio Cardenas, será el inspector In Situ en la Uniautónoma
La resolución se da una semana después de que los sindicatos de la Universidad volvieran a protestar por la continuidad de la institución en no pagar salarios y seguridad social, tal y como también se denunció aquí. U. Autónoma del Caribe no paga seguridad social y Mineducación no responde a denunciantes.
Mucho tiempo después de “n” denuncias fundamentadas, el Ministerio dice que “se evidencia la presunta ocurrencia de conductas que pudieron afectar el adecuado actuar en materia contractual de la Universidad Autónoma del Caribe, lo que a su vez pudo afectar la conservación y aplicación debida de las rentas de la Institución, así como el eficiente y correcto manejo e inversión de todos sus recursos”.
Algunas de las acciones denunciadas en la investigación son:
– Que hay presuntas irregularidades en lo referente a la gestión y adquisición de bienes y contratación de servicios en la institución.
– Que se estableció el presunto incumplimiento frente al seguimiento y correcta supervisión bajo las formalidades establecidas en la norma interna de la institución para los contratos suscritos durante las vigencias 2021 y 2022.
– Que se ejecutaron 44 contratos de prestación de servicios suscritos por la Universidad con presuntas irregularidades en la ejecución contractual de algunos de ellos, situación que pudo haber afectado la correcta conservación de las rentas de la institución.
– Que se dio la posible contratación de personas naturales para la prestación de servicios profesionales cuando en la planta de la Institución se contaba con personal suficiente para la realización de dichas funciones
– Que se suscribieron dos contratos de prestación de servicios determinados a la publicidad y propaganda a través de las emisoras de la Organización Radial Olímpica,
– Que se dio una contratación con con Evotech Limitada, por 354 millones de pesos– Que no se observó lo dispuesto en el Manual Guía de Contratación para la Adquisición de Bienes y Servicios.
– Que se lograron evidenciar “pagos onerosos, sistemáticos y periódicos a la persona jurídica de nombre TRI3 SOLUTIONS, y cuyos contratos no se encontraron en las certificaciones emanadas ni por la oficina jurídica, ni por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera”.Vale recordar que según el certificado de existencia y representación de la sociedad TRI3 SOLUTIONS, domiciliada en Bogotá, su representante legal es el señor Oscar Antonio Prada Romero… quien tiene vinculo filial con el -entonces- Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Autónoma del Caribe, Antonio Prada Castellanos, ya que son primos, constituyéndose un impedimento legal y ética que no fue advertido, y que está prohibido por las propias normas de la Universidad.En la resolución del Ministerio se designó como funcionario investigador para que adelante el proceso administrativo sancionatorio a Harold Mauricio Cárdenas Moreno, de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.
*Con información del Observatorio de la Universidad Colombiana
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