La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una nueva fase de deportaciones aceleradas, lo que pone en riesgo incluso a los portadores de la tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card. La medida ha generado alarma entre comunidades inmigrantes y grupos defensores de los derechos humanos, según informó el diario El Tiempo.
Desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump ha impulsado una estrategia agresiva contra la inmigración irregular, pero recientes informes sugieren que las deportaciones están ocurriendo sin seguir estrictamente las leyes en vigor o las órdenes judiciales existentes. Esto significa que ni siquiera los residentes legales pueden sentirse seguros de no ser expulsados del país o enfrentar problemas para reingresar si salen de territorio estadounidense.
Además de esta política de deportaciones aceleradas, la administración republicana está considerando la implementación de restricciones de ingreso a ciudadanos de ciertos países, lo que podría afectar a viajeros, estudiantes y trabajadores extranjeros.
Grupos de derechos civiles y abogados de inmigración han manifestado su preocupación por la falta de garantías legales en estos procedimientos, mientras que algunos legisladores han solicitado revisiones urgentes para evitar violaciones a los derechos constitucionales de los residentes permanentes.
A medida que esta política entra en vigor, miles de inmigrantes en Estados Unidos se encuentran en un estado de incertidumbre, temiendo por su estabilidad y la de sus familias en un país que, hasta ahora, les había ofrecido la posibilidad de una vida mejor.
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