Informe de ANUAR SAAD 🔴 Hora En Punto
Un consulado que nunca abrió sus puertas, una funcionaria que recibió cerca de 47 millones de pesos mensuales, una oficina cuyo arriendo quedó pendiente de pago y casi 500 millones de pesos desembolsados por el Estado. La historia parece sacada de un episodio de ficción burocrática, pero corresponde a una denuncia periodística sobre el manejo de los recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro.
El caso del consulado de Colombia en Tijuana, México, se convirtió en una nueva controversia alrededor del expresidente, cuya administración terminó dejando varios asuntos bajo investigación y una serie de cuestionamientos sobre nombramientos, contratación y manejo de los recursos públicos.
La investigación de Caracol Radio, publicada el 3 de noviembre, y la información divulgada por El País este miércoles, revelan que la sede consular fue creada jurídicamente en noviembre de 2024, durante la gestión del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, pero nunca llegó a prestar servicios regulares a los colombianos residentes en esa región mexicana.
Sin embargo, sí tuvo cónsul. Maryory Ecinedth Pabón Gavilán fue nombrada en enero de 2026 y permaneció en el cargo hasta el 30 de octubre de ese año. Por esos nueve meses recibió más de 153.000 dólares, equivalentes a unos 483 millones de pesos, incluidos 20.338 dólares por viáticos y transporte de menaje doméstico. Su asignación mensual rondaba los 14.700 dólares, cerca de 47 millones de pesos.
Pero el asunto no termina en el salario.
La oficina que supuestamente debía albergar el consulado, ubicada en el edificio Torela Corporativo, en Tijuana, también dejó una cuenta pendiente. La Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento de pago por el arrendamiento, pese a que la sede nunca entró en funcionamiento. La Cancillería confirmó que existía un contrato de alquiler, pero que no había una asignación presupuestal para cubrirlo.
También quedaron obligaciones económicas relacionadas con trabajos de adecuación del inmueble, diseño gráfico e imagen institucional. La dimensión total de esas deudas todavía no está establecida públicamente.
La situación llamó la atención incluso de las autoridades mexicanas. A finales de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México preguntó informalmente qué había ocurrido con el proyecto, pues después de conceder su autorización no volvió a recibir información sobre la apertura.
La excónsul, por su parte, presentó un informe en el que reportó visitas a colombianos detenidos en cárceles de Baja California y un consulado móvil de tres días, durante el cual se realizaron 211 trámites. Su versión es que cuenta con documentos que respaldan su gestión, pero señaló que no estaba autorizada para hablar públicamente del asunto.
La controversia tiene otro antecedente que merece atención: Pabón ya había protagonizado un litigio por su nombramiento como cónsul en Calgary, Canadá. Su designación fue anulada en abril de 2025 porque se hizo en provisionalidad pese a que había funcionarios de carrera diplomática disponibles. El Consejo de Estado dejó en firme esa decisión en julio de 2026.
Después de ese episodio, la funcionaria fue trasladada al proyecto consular de Tijuana.
La entonces canciller Rosa Villavicencio defendió el nombramiento y explicó que, cuando llegó al Ministerio, encontró el asunto en marcha y recibió la instrucción de contratarla. Según su versión, designar al cónsul antes de abrir una sede es una práctica que permite adelantar los trámites de instalación.
La actual Cancillería remitió en agosto la documentación del caso a la Fiscalía y a la Procuraduría para que establezcan si hubo responsabilidades penales o disciplinarias. El nuevo gobierno decidió cancelar definitivamente el proyecto.
Un nuevo capítulo en una administración marcada por las controversias
El episodio de Tijuana no aparece aislado. Llega cuando el nombre de Gustavo Petro vuelve a ocupar titulares por otras denuncias y procesos que comprometen a personas de su entorno político, familiar y administrativo.
Hay, por lo menos, cuatro antecedentes que ayudan a entender por qué este nuevo caso tiene repercusiones políticas.
1. La UNGRD: el escándalo de los carrotanques y los contratos públicos
El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la administración Petro.
Lo que inicialmente se conoció por la compra irregular de carrotanques para llevar agua a La Guajira terminó revelando una presunta estructura de corrupción que involucró a antiguos directivos de la entidad, contratistas, congresistas y exfuncionarios del Gobierno.
Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directivos de la UNGRD, destaparon un entramado de contratos y supuestos pagos de sobornos para favorecer intereses políticos en el Congreso.
Pinilla aceptó su responsabilidad y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión. López también negoció con la justicia, aunque continúa respondiendo por otros delitos.
El expediente ha comprometido a figuras que ocuparon posiciones importantes en el Gobierno y ha dejado abierta una pregunta sobre el alcance de las responsabilidades políticas y administrativas de quienes estuvieron al frente de la administración nacional.
2. Nicolás Petro: las investigaciones que alcanzaron al hijo del presidente
Otro episodio que golpeó políticamente al entonces presidente fue el proceso contra su hijo Nicolás Petro Burgos.
Las declaraciones de su expareja, Day Vásquez, sobre la recepción de dineros de particulares durante la campaña presidencial de 2022 abrieron una crisis que el propio Petro tuvo que enfrentar públicamente.
Nicolás Petro fue acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Procuraduría también formuló cargos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio cuando era diputado del Atlántico.
Entre los hechos investigados están los señalamientos sobre recursos que habrían sido entregados por personas cuestionadas y que, según la investigación disciplinaria, podrían haber terminado en manos de Nicolás Petro.
El hijo del expresidente ha tenido que responder ante la justicia, mientras Gustavo Petro ha negado que su campaña se hubiera beneficiado de recursos ilegales.
3. Juliana Guerrero: los títulos falsos y los cuestionamientos a los nombramientos
La controversia alrededor de Juliana Guerrero también terminó convirtiéndose en un problema político para la administración Petro.
La joven, que había ganado protagonismo dentro del Gobierno y fue postulada para ocupar una posición en el Ministerio de Igualdad, quedó involucrada en una investigación por la presunta utilización de títulos universitarios fraudulentos.
En septiembre de 2026 se conoció que firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó haber cometido fraude procesal por presentar documentos académicos fraudulentos para acreditar los requisitos del cargo. El acuerdo contempla una pena de tres años de prisión y una multa, pero requiere aprobación judicial.
El episodio reabrió el debate sobre los criterios utilizados para seleccionar funcionarios y sobre el peso que tuvieron las relaciones políticas en algunos nombramientos del Gobierno.
4. Las nuevas denuncias de Deicy Jiménez: la controversia más delicada en el plano personal y político
En los últimos días apareció otra denuncia que ha generado una fuerte controversia.
Deicy Jiménez, una mujer que asegura haber conocido a Petro cuando era senador, afirmó que durante varios años habría existido una red de mujeres que recibían contratos estatales a cambio de favores sexuales y acompañamiento al entonces mandatario.
La denunciante sostuvo que tendría fotografías, conversaciones y otros elementos para respaldar sus afirmaciones. También mencionó supuestos vínculos con funcionarios y dependencias del Estado.
Se trata de acusaciones extremadamente graves que, sin embargo, todavía deben ser verificadas por las autoridades. La Fiscalía y la Procuraduría abrieron actuaciones y la Corte Suprema recibió su declaración.
El 3 de noviembre se conoció, además, la renuncia del abogado de Jiménez por razones de seguridad personal. La diligencia que tenía programada ese día ante la Fiscalía fue aplazada.
Petro rechazó los señalamientos y negó haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales. En una respuesta pública calificó las acusaciones como parte de una persecución política.
La investigación tendrá que establecer qué elementos tienen respaldo documental y si existe alguna responsabilidad penal o disciplinaria
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