Por ANUAR SAAD
En la antesala de una de las decisiones más trascendentales para la Universidad Autónoma del Caribe, dos cartas radicadas el 11 de febrero de 2026, que fueron filtradas a Hora en Punto, encendieron las alarmas jurídicas sobre el proceso de elección del Rector para el periodo 2026–2030.
Las constancias, firmadas por la representación de egresados ante el Consejo Superior son advertencias formales que piden dejar en acta posibles vicios de nulidad derivados de conflictos de interés “estructurales, objetivos e insubsanables”.
Ell mensaje de las misivas es contundente: el proceso podría estar jurídicamente comprometido si se permite la participación de quienes ejercen poder institucional durante la elección.
El primer frente: el Rector en ejercicio
La primera gran alerta apunta al actual rector y representante legal, Jorge Enrique Senior Martínez, designado por el Ministerio de Educación Nacional bajo una medida de vigilancia especial en el marco de la Ley 1740 de 2014.
La carta sostiene que durante todo el desarrollo del proceso electoral, Senior ha ejercido “de manera continua y efectiva” la rectoría, lo que generaría un conflicto de interés automático si aspira a la reelección.
Uno de los apartes más sensibles advierte: “El ejercicio simultáneo del cargo de Rector durante el desarrollo del proceso electoral genera un conflicto de interés estructural, objetivo e insubsanable.”
La denuncia no habla de irregularidades concretas, sino de una «ventaja institucional inherente al cargo» . Se subraya que el rector en funciones dispone de visibilidad, acceso a recursos y capacidad de influencia que “no son replicables por los demás aspirantes”, lo que afectaría el principio de igualdad material entre candidatos.
Además, se enfatiza que la designación ministerial tuvo carácter “excepcional, temporal y preventivo”, orientada a estabilizar la institución, no a «consolidar aspiraciones electorales internas» . Permitir su candidatura —advierte la constancia– es “exponer el procedimiento a vicios de legalidad y generar un riesgo cierto de nulidad del proceso.”
El segundo frente: el Secretario General
La otra constancia jurídica se refiere al actual Secretario General, Eduardo Arteta, quien ha ejercido durante todo el proceso electoral funciones clave como fedatario institucional, custodio de actas y garante formal del procedimiento.
Aquí el argumento se basa en que no se puede ser al mismo tiempo árbitro y competidor.
El documento sostiene que el Secretario General tiene un rol transversal y permanente dentro del proceso, lo que activa —si aspirara o interviene como candidato— un impedimento inmediato.
Al respecto, un aparte de la misiva señala que “…dicho conflicto de interés no es susceptible de mitigación mediante abstenciones parciales, delegaciones internas o medidas formales ex post.” Y remata advirtiendo que: “…configura una inhabilidad sobreviniente de carácter insubsanable.”
En otras palabras, según la constancia, no bastaría con apartarse en determinados momentos; el solo hecho de haber ejercido el cargo durante el proceso generaría la incompatibilidad.
El polémico rol del Consejo Superior
Aunque las cartas no personalizan responsabilidades, sí advierten que permitir estas participaciones podría comprometer directamente a los miembros del Consejo Superior que avalen las decisiones.
Ambas constancias reiteran que los consejeros podrían asumir “responsabilidades institucionales y personales” si el proceso termina viciado.
El punto adquiere mayor tensión en un contexto en el que la universidad continúa bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación, lo que —según las cartas— exige “un estándar reforzado de neutralidad”.
La advertencia final es clara: si se ignoran estos reparos, el proceso podría quedar expuesto a demandas de nulidad.
Y de ahi que todos los ojos se vuelquen en seis de los nueve consejeros: cinco que fueron nombrados a dedo oor Jorge Senior, el actual rector (Arturo Luna, Abdon Sierra, Jairo Parada, Eduardo Bermúdez y Cecilia Correa). lo que sobre el papel ya le garantiza mayoria, y el decano Gustavo Rodriguez, quien reemplazó a la decana Rita Jaramillo Ceballos, que fue polémicamente separada del cargo para acomodar ahí, como representante ante el consejo Suoerior a un personaje cuestionado que camina a la sombra del poder como es Gustavo Rodríguez.
Es de anotar que en ambos documentos se repite una frase que intenta desmarcar el debate de ataques individuales: “La presente constancia se formula sin consideración personal alguna, con fundamento exclusivo en criterios de legalidad y autoprotección institucional.”
Sin embargo, es imposible desconocer el efecto político e institucional de las denuncias porque estas ponen bajo la lupa la legitimidad misma del proceso electoral y abren la puerta a una eventual judicialización si el Consejo Superior decide continuar sin resolver los conflictos advertidos.
La universidad en una encrucijada
La elección del próximo rector no solo definirá el rumbo administrativo de la institución; ahora también podría marcar un precedente jurídico sobre la interpretación de los conflictos de interés en procesos internos de educación superior.
En juego no está únicamente un nombre, sino la validez del procedimiento.
Y mientras el Consejo Superior delibera, las constancias ya dejaron sembrada una advertencia que pesa como sombra sobre la rectoría: si el proceso avanza sin despejar estos cuestionamientos, el próximo rector podría asumir en medio de una controversia jurídica de alto calibre.
Las cartas de las denuncias
Los siguientes son los textos de las cartas que advierten sobre presuntos vicios de ilegalidad en la eleccion de rector en Uniautonoma:
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