El Gobierno Nacional decretó el aumento del salario mínimo en Colombia, una medida que beneficiará directamente a millones de trabajadores formales del país, quienes a partir de este año recibirán ingresos mensuales cercanos a los 2 millones de pesos, al sumar el salario básico con el auxilio de transporte.
El presidente aseguró que el incremento decretado será del 23,7 por ciento en promedio, pero que, restando la inflación, el incremento real para los ciudadanos será del 18,7 por ciento.
Con este incremento, el salario mínimo legal vigente, junto al auxilio de transporte, busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al impacto de la inflación, el alto costo de los alimentos, los servicios públicos y el transporte, rubros que han presionado fuertemente el bolsillo de los hogares colombianos.
Desde el Gobierno se ha señalado que el ajuste salarial pretende dignificar el trabajo y fortalecer la capacidad de consumo, lo que, en teoría, también dinamizaría la economía interna a través de un mayor gasto de las familias.
Las preocupaciones del sector empresarial
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. Comerciantes, pequeños empresarios y gremios productivos han advertido que el aumento del salario mínimo representa un fuerte golpe para las finanzas de las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas, que ya enfrentan altos costos operativos.
El incremento del salario implica mayores gastos en nómina, aportes a seguridad social, primas, cesantías y demás obligaciones laborales, lo que para muchos negocios se traduce en una carga difícil de sostener, sobre todo en sectores como el comercio, los servicios y la gastronomía.
Riesgo de informalidad y menor contratación
Expertos y analistas económicos han alertado que uno de los efectos colaterales podría ser el aumento de la informalidad laboral, ya que algunas empresas optarían por reducir contrataciones, congelar vacantes o incluso realizar despidos para poder ajustarse a los nuevos costos.
Asimismo, se teme que algunos empleadores migren hacia esquemas informales o contratos por prestación de servicios, con el fin de evitar las obligaciones que conlleva el empleo formal, lo que iría en contravía de los esfuerzos por mejorar la calidad del empleo en el país.
Mientras los trabajadores celebran el alivio que representa recibir cerca de 2 millones de pesos mensuales, el debate queda abierto sobre el impacto real que tendrá esta medida en la generación de empleo, la sostenibilidad empresarial y el crecimiento de la informalidad en Colombia.
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