En una sesión en la que se encontraban reunidos desde las 9 de la mañana, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se seguirá rigiendo por la ley 906 del 2004, es decir, por el nuevo sistema penal acusatorio.
Así, el alto tribunal resolvió un conflicto de competencias que había sido elevado por el abogado del senador Iván Cepeda, parte civil en este caso, quien consideraba que la ley que debía regir el proceso contra Uribe es la misma con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, antes de que el expediente se le pasara a la Fiscalía: la ley 600 del 2000, o viejo sistema. Por eso, para el abogado de Cepeda no era la juez 30 de control de garantías la que debía resolver la libertad de Uribe, sino la Fiscalía.
La decisión se dio con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, quien estableció que la juez sí tenía competencia para decidir la libertad sobre Uribe.
Uribe es investigado por soborno a testigos y fraude procesal, delitos supuestamente cometidos en el 2018 para que paramilitares declararan a su favor y se retractaran de afirmaciones en las que lo han señalado con las Autodefensas.
En ese proceso, la Corte Suprema le había imputado cargos a Uribe y ordenado su detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, el pasado 3 de agosto. Sin embargo, Uribe renunció al Senado -que era la condición por la cual tenía fuero y era investigado por la Corte- y por lo tanto el alto tribunal perdió competencia para seguir llevando su proceso y se lo envió a la Fiscalía General el pasado 31 de agosto. El caso quedó a cargo del jefe de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes.
Sumado a eso, Chaverra dejó claro que los hechos, presuntamente, cometidos por el exsenador datan del año 2018, misma época en la que el sistema penal acusatorio, ley 906, ya estaba vigente, por lo que consideró que el proceso debe surtirse bajo esa plataforma y con la dirección de un juez de garantías, que en este caso le correspondió, por reparto, a la juez penal 30.
Así las cosas, también dijo la Corte, que será la juez a cargo del proceso quien decida sobre la libertad del expresidente que hoy se encuentra privado de la misma en la Hacienda El Ubérrimo en Córdoba, desde hace un poco más de dos meses.
Cabe mencionar que la determinación del alto tribunal se registró por cuenta de una solicitud que hizo el abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, declarado como víctima en el proceso, al considerar que de no surtirse bajo la ley 600, podrían estar en peligro las pruebas recaudadas por el alto tribunal.
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