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El fallo de segunda instancia considera que el marco jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe cambió desde 2013 y que no es constitucional restablecer las condiciones de entonces. La decisión se conoce casi al mismo tiempo que una orden de pago por $7.586 millones a favor de Gette y sus hijos, con embargo de cuentas de la institución.
Barranquilla. La crisis de la Universidad Autónoma del Caribe suma un nuevo capítulo judicial. Un juez de segunda instancia revocó la decisión que había permitido el regreso de Silvia Beatriz Gette Ponce a la rectoría de la institución y declaró improcedente su retorno al cargo, según la información conocida sobre la providencia.
El fallo obliga a Gette a entregar la rectoría y deja sin efecto la decisión de primera instancia que había restablecido sus derechos para regresar a la dirección de la universidad, de la que estuvo apartada durante más de 13 años.
Entre los argumentos expuestos por el juez está que el marco jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe es hoy diferente al que existía en 2013. Por esa razón, considera que no resulta constitucional retrotraer las condiciones institucionales de aquella época para permitir que Gette vuelva a ocupar el cargo.
La determinación cambia nuevamente el panorama de la dirección de la universidad, que el pasado 27 de abril recibió a Gette como rectora, después de que decisiones judiciales anteriores le abrieran el camino para regresar.
Dos decisiones judiciales que sacuden a la universidad
La revocatoria de su regreso coincide con otro proceso judicial que compromete las finanzas de la institución.
El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a la Universidad Autónoma del Caribe pagar $7.586.148.566 a Silvia Gette y sus tres hijos por diferencias en el reajuste de una pensión de sobrevivientes, acumuladas entre diciembre de 2016 y abril de 2026.
La providencia también dispuso el embargo y secuestro de recursos depositados o que lleguen a depositarse en cuentas bancarias y otros instrumentos financieros de la universidad, hasta por $13.136 millones, como medida para garantizar el pago de la obligación.
La información fue publicada por Zona Cero el 8 de octubre y por otros medios regionales el 9 de octubre de 2026.
El origen de esta obligación se remonta a decisiones judiciales anteriores que reconocieron el derecho de Gette a recibir la pensión de sobrevivientes correspondiente a su compañero, Mario Ceballos Araújo, fundador y antiguo rector de la institución.
Según el juzgado laboral, la universidad habría reducido unilateralmente desde 2018 la base utilizada para calcular los reajustes pensionales, pese a que las decisiones judiciales establecían que la prestación debía aumentar conforme a los incrementos salariales del cargo de rector.
Se trata, por tanto, de dos controversias diferentes: una relacionada con la posibilidad de que Gette regrese a la rectoría y otra con el cumplimiento de obligaciones pensionales reconocidas judicialmente.
Cuestionamientos a la administración de Gette
En medio de este nuevo escenario, funcionarios de la Universidad Autónoma del Caribe consultados por Hora en Punto expresaron preocupación por las decisiones administrativas que, según sus testimonios, habría tomado Gette durante su permanencia al frente de la institución.
Las fuentes señalaron que se habrían creado más de 70 cargos con salarios elevados y que varias de esas vinculaciones corresponderían a personas consideradas de confianza de la rectora.
Los funcionarios también manifestaron inquietud por el impacto que estas decisiones habrían tenido sobre los costos de funcionamiento de la universidad, en un contexto en el que, según sus denuncias, persisten dificultades en el pago oportuno de la nómina y obligaciones pendientes relacionadas con la seguridad social de trabajadores.
Estas afirmaciones deberán contrastarse con la información oficial sobre la planta de personal, los costos de nómina, las obligaciones laborales y los estados financieros de la institución. Hora en Punto buscará la versión de Silvia Gette y de las directivas de la universidad sobre estos señalamientos.
La situación resulta especialmente delicada por el impacto que cualquier incremento de los gastos administrativos puede tener en una institución que lleva años tratando de superar sus problemas financieros, laborales y académicos.
¿Regresaría Jorge Senior?
La salida de Gette abre nuevamente el interrogante sobre quién asumirá la dirección de la Universidad Autónoma del Caribe y cuáles serán las condiciones de esa transición.
Entre los escenarios que se mencionan está un eventual regreso de Jorge Senior Martínez, quien estuvo al frente de la institución antes del retorno de Gette. Sin embargo, esa posibilidad requiere confirmación oficial y no debe darse por un hecho mientras no exista una decisión formal sobre la rectoría.
La gestión de Senior también ha sido objeto de cuestionamientos entre sectores de la comunidad universitaria. Sus críticos consideran que la administración anterior no consiguió resolver de manera satisfactoria los problemas estructurales de la institución.
A estas críticas se suman señalamientos políticos sobre sus posiciones públicas y su participación en debates relacionados con el Gobierno nacional. No obstante, cualquier evaluación de su gestión debe sustentarse en resultados verificables en materia financiera, laboral, académica y administrativa.
La universidad necesita, ante todo, una dirección capaz de ofrecer respuestas concretas a sus estudiantes, profesores, trabajadores y acreedores.
El Ministerio de Educación, ante un nuevo desafío
El nuevo fallo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una intervención institucional que permita esclarecer la situación administrativa y financiera de la Universidad Autónoma del Caribe y establecer una ruta viable para su recuperación.
Sectores preocupados por el futuro de la institución consideran necesario que el Ministerio de Educación Nacional ejerza una vigilancia rigurosa y evalúe las medidas que correspondan dentro de sus competencias.
También reclaman que el Gobierno nacional asuma un papel activo en la búsqueda de soluciones, sin desconocer la autonomía universitaria ni las decisiones judiciales.
La preocupación tiene una razón de fondo: la Universidad Autónoma del Caribe fue durante décadas uno de los referentes de la educación superior privada en la región, con influencia en la formación de profesionales de Barranquilla, el Atlántico y otros departamentos del Caribe colombiano.
Su deterioro institucional no es solamente un problema de disputas entre directivos. También compromete la estabilidad laboral de sus trabajadores, la calidad de la formación de sus estudiantes y la confianza de las familias que depositan allí sus expectativas de futuro.
Con una nueva decisión judicial sobre la rectoría y una obligación pensional multimillonaria respaldada por medidas de embargo, la incertidumbre vuelve a instalarse en el campus.
La pregunta que queda abierta es si esta nueva etapa permitirá finalmente encaminar a la Universidad Autónoma del Caribe hacia una recuperación real o si la institución continuará atrapada en una sucesión de conflictos judiciales, administrativos y financieros que amenazan su futuro
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