La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Colombia, se pronunció este miércoles sobre el operativo militar ocurrido el pasado 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso, en la región de Putumayo, que dejó como saldo un total de 11 personas fallecidas, entre las que, al parecer, se encontraban civiles, una mujer embarazada y un menor de edad, quienes habrían perdido la vida en manos del Ejército.
La ONU solicitó a la Fiscalía General de la Nación llevar a cabo una investigación “exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Además, recomendó al Estado “tomar medidas disciplinarias y penales” que permitan enjuiciar a los “responsables del operativo”.
Así mismo, explicó que, desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril, desarrollaron una misión en Putumayo con la cual buscaban obtener información sobre lo ocurrido, explicando que dichos datos “brindan una base razonable” para asegurar que entre el 26 y 28 del mes pasado, en Alto Remanso “se realizaba un bazar para recaudar fondos, en el que habrían participado alrededor de 200 personas” y que en el mencionado operativo “se habría hecho uso de armas de fuego”, mientras en el sitio se encontraban de 30 a 50 personas, en las que fueron identificados niñas, niños y mujeres.
“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos – DIDH, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida (…) Instamos a autoridades a que adopten medidas de prevención, protección y reparación para la comunidad, incluyendo proteger la vida e integridad de testigos. Llamamos a la protección de periodistas investigativos que están recibiendo ataques por sus publicaciones sobre Alto Remanso”, expresó la ONU.
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