La joven que llegó a ocupar un cargo en el Ministerio de la Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro reconoció ante un juez que presentó documentos académicos fraudulentos para actualizar su hoja de vida y aspirar a la Vicejefatura de las Juventudes.
El escándalo que rodeó a Juliana Guerrero, una de las jóvenes que alcanzó notoriedad dentro del gobierno de Gustavo Petro, tuvo este miércoles un nuevo capítulo en los tribunales. Durante una audiencia realizada de manera virtual, Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y avaló el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación.
Ante el juez, la joven reconoció que incurrió en el delito al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y presentar los documentos académicos con los que buscaba quedar habilitada para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”, manifestó Guerrero durante la diligencia.
El acuerdo contempla una pena de 36 meses de prisión, una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el periodo establecido en la negociación.
La aceptación de cargos representa un giro frente a la posición que Guerrero había asumido en una etapa anterior del proceso, cuando se declaró inocente ante un juez de control de garantías. Esta vez, ante el juez de conocimiento, aceptó los términos de la negociación judicial.
El origen del escándalo
El nombre de Juliana Guerrero comenzó a hacerse conocido nacionalmente después de aparecer en una de las reuniones del entonces presidente Gustavo Petro, quien la presentó públicamente en medio de un consejo de ministros televisado.
Su posterior ascenso dentro del Ejecutivo terminó convirtiéndose en motivo de controversia cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su formación académica y los títulos que aparecían registrados en su hoja de vida.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guerrero recibió de la Fundación Universitaria San José dos títulos —uno como tecnóloga y otro como contadora pública— pese a que, según el ente acusador, no habría cumplido los requisitos académicos necesarios para obtenerlos.
La Fiscalía sostuvo que la joven había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y posteriormente realizó gestiones para homologar sus estudios en Bogotá. Según la investigación, el procedimiento terminó con la obtención irregular de los títulos que posteriormente fueron incorporados a su hoja de vida.
En la audiencia, la fiscal Jessica Montealegre sostuvo que Guerrero conocía el carácter fraudulento de los documentos que presentó y que los utilizó con el propósito de acreditar una formación académica que no había obtenido regularmente.
La Fiscalía afirmó, además, que la joven no asistió a las clases ni presentó los exámenes correspondientes para obtener los títulos cuestionados.
De autora a cómplice
Uno de los elementos centrales del preacuerdo es que la Fiscalía aplicó una degradación de su grado de participación, pasando de considerarla autora a cómplice del delito de fraude procesal.
Según explicó la fiscal durante la audiencia, Guerrero aceptó los términos de la negociación y los cargos formulados inicialmente, mientras que la Fiscalía aplicó esta figura dentro de los mecanismos de justicia premial previstos por la ley.
Con ello, la joven obtiene una reducción sustancial de la pena a cambio de aceptar su responsabilidad y contribuir a la terminación anticipada del proceso.
El abogado de Guerrero, Felipe Alzate, defendió durante la audiencia la utilización de los mecanismos de justicia premial, particularmente en un caso que, por su exposición pública y mediática, ha generado especial interés nacional.
Por su parte, la representación jurídica de la Fundación Universitaria San José manifestó su conformidad con el acuerdo. Según lo expuesto en la audiencia, Guerrero también se comprometió a ofrecer disculpas a directivos de la institución que, de acuerdo con el proceso, no tuvieron responsabilidad en las irregularidades.
Otro condenado por el caso
El expediente ya había producido una primera condena. Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a tres años de prisión por falsedad en documento público, tras su participación en la expedición irregular de los títulos a favor de Guerrero.
Ahora, con la aceptación de responsabilidad de la propia beneficiaria de esos documentos, el caso judicial que comenzó con el cuestionamiento a sus credenciales académicas entra en una nueva etapa.
La historia de Juliana Guerrero, que comenzó con una meteórica aparición en el escenario político nacional y llegó hasta las puertas de un alto cargo del Gobierno, termina así enfrentando una consecuencia judicial por la manera en que fueron utilizados los documentos que acreditaban su formación profesional.
El caso vuelve a poner sobre la mesa, además, los controles que deben existir en el Estado para verificar los títulos y antecedentes académicos de quienes aspiran a ocupar cargos públicos
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