13 de agosto de 2026

Gobierno de la Espriella alista decreto para el retiro forzoso de pensionados en Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto que establecería nuevas condiciones para el retiro de funcionarios públicos que ya cuentan con una pensión y continúan trabajando. La iniciativa, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tendría entre sus objetivos promover el relevo generacional y facilitar el ingreso de nuevas personas a la administración pública.

La propuesta también alcanza al sector educativo, por lo que el eventual retiro de docentes pensionados se convirtió en uno de los puntos que genera mayor atención entre organizaciones sindicales y representantes del magisterio.

Por ahora, el decreto no ha sido expedido y no se conoce su texto definitivo. Por eso, todavía no es posible determinar con precisión cuántos trabajadores serían cobijados, cuáles serían las excepciones o desde cuándo comenzaría a aplicarse.

El planteamiento del Gobierno apunta a modificar las condiciones bajo las cuales una persona que ya obtuvo su pensión puede continuar ocupando un cargo dentro del sector público.

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha defendido la iniciativa bajo el argumento de que el Estado necesita facilitar el relevo generacional en sus plantas de personal. De esta manera, los cargos ocupados actualmente por trabajadores pensionados podrían quedar disponibles para nuevos funcionarios.

El debate no estaría relacionado con la pérdida de la pensión. El Gobierno ha insistido en que los derechos pensionales adquiridos serán respetados y que la discusión se concentra en la permanencia de estas personas en sus puestos de trabajo.

Pensión en Colombia
Antes de la propuesta del Gobierno de la Espriella, Colombia ya contaba con una regulación sobre la edad máxima para permanecer en el servicio público.
Crédito: Pexeles

La legislación colombiana ya establece una edad máxima para permanecer en determinados cargos públicos.

La Ley 1821 de 2016 modificó la edad de retiro forzoso y la elevó de 65 a 70 años para quienes desempeñan funciones públicas, con las excepciones establecidas por la propia normativa.

La norma también contempla la posibilidad de que una persona que haya cumplido los requisitos para pensionarse permanezca voluntariamente en el cargo hasta alcanzar la edad de retiro forzoso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Ese punto es especialmente relevante frente al nuevo decreto, pues la eventual reglamentación podría modificar las condiciones bajo las cuales actualmente un funcionario pensionado continúa vinculado al Estado

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