El fiscal especializado que lleva el caso radicará este viernes y de manera formal, el escrito de acusación ante la corte Suprema de Justicia en contra de Sergio Fajardo como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La investigación es coordinada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que los hechos investigados se dieron cuando Fajardo era gobernador de Antioquia, el 5 de diciembre de 2013. “Se suscribió cuando era ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos”.
La Fiscalía indicó que los hallazgos llevaron a un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en el 2015 ya superaba los 3.140 pesos.
“Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, dijo la Fiscalía. Los investigadores pudieron establecer que en este caso tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni blindaron la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
El abogado de Fajardo, Mauricio Pava, argumentó que la defensa cuenta con toda una serie de documentos y pruebas técnicas para desvirtuar ante la Corte Suprema los señalamientos de la Fiscalía por irregularidades en contratos.
Pava explicó que como defensa acudieron ante las Naciones Unidas para que se conminara a la Fiscalía General a que sin dilaciones llevara el caso ante la Corte Suprema y en juicio demostrar la inocencia de Fajardo.
En medio de la investigación, iniciada en el año 2015, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.
Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.
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