Petro, las mariposas amarillas, un video y el amor con cargo al presupuesto nacional

Por Anuar Saad |Opinión 🔴

.Hay videos que, aunque duran solamente 54 segundos, tienen la capacidad de poner a temblar cuatro años de discursos políticos. Y el que acaba de publicar Deicy Jiménez, en el que aparece besándose con Gustavo Petro, es uno de ellos. Y ese vídeo tal vez no será precisamente recordado por su calidad cinematográfica, ni ejemplo de como se encuadra un clip audiovisual, pero sí podría terminar convertido en uno de los documentos audiovisuales más incómodos para el expresidente

Y es que Colombia, que ya había visto de todo en materia de escándalos políticos, acaba de encontrarse con una versión bastante particular del amor revolucionario: uno en el que, según las denuncias que ahora investiga la justicia, la pasión habría podido tener relación con las órdenes de prestación de servicios.

La historia tiene ingredientes para una tragicomedia nacional. Una joven contratista denuncia que mantuvo una relación íntima con el entonces presidente y que, supuestamente, recibió contratos estatales como contraprestación. Primero aparecieron sus declaraciones. Después se conocieron los registros de contratación pública. Y ahora llega el video en el que ambos se besan.

Digamos que el expediente acaba de ganar una escena que ningún director de telenovelas se habría atrevido a escribir.

Por supuesto, conviene poner las cosas en su sitio: el video acredita, si se confirma su autenticidad y contexto, un encuentro íntimo entre los dos, y aunque eso por sí solo no es un delito, si es la comprobación de que los testimonios de Deicy son ciertos: los contratos existieron y, con el vídeo, se demuestra que la relación también existió.

.Así que tampoco este hecho de puede despachar como un simple montaje de enemigos políticos, porque los contratos de Deicy Jiménez sí aparecen en los registros oficiales y abre la puerta para que la investigación determine si evidentemente Petro pagaba sus polvos con la plata del Estado.

Según lo publicado por los medios, la mujer figura con diez contratos: siete relacionados con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Ella sostiene que Petro habría intervenido para facilitar esas vinculaciones. La pregunta que ahora debe responder la justicia es si existió alguna conexión entre su relación personal y las decisiones de contratación.

Petro, por su parte, ha negado categóricamente haber utilizado recursos públicos para obtener favores sexuales. Y después de divulgarse el video volvió a la carga: sostiene que no hay allí un contrato, un pago ni una decisión de Gobierno. Tiene razón en un punto: un beso no es una orden de prestación de servicios. Pero tampoco es una explicación sobre cómo se consiguieron diez contratos públicos.

El expresidente ha dicho que responderá ante los jueces y no en los titulares. Una posición razonable, aunque sería todavía más convincente si viniera acompañada de respuestas claras sobre los antecedentes de contratación y las personas que intervinieron en ellos.

El amor también tendría su manual de contratación

Lo verdaderamente explosivo de este episodio no es que un presidente, expresidente o dirigente político tenga una relación sentimental o íntima con una mujer. Eso pertenece a su vida privada, mientras no involucre conductas ilegales. Lo que convierte este asunto en un escándalo de dimensiones nacionales es la sospecha de que el poder del Estado pudiera haberse utilizado para satisfacer intereses particulares.

Porque una cosa es enamorarse, otra muy distinta es conseguir empleo para la persona amada y otra, infinitamente más grave, es que los colombianos terminen pagando la cuenta de una relación privada.

Si las denuncias llegan a probarse, estaríamos frente a una degradación del servicio público que no tiene nada de romántica. Sería la utilización del presupuesto nacional como una especie de tarjeta de crédito sentimental, con la diferencia de que la factura no la pagaría quien disfruta del encuentro, sino el contribuyente que madruga a trabajar y paga sus impuestos.

Y aquí aparece una pregunta que no es precisamente de alcoba, sino de administración pública: ¿cuántos contratos se celebraron por necesidades reales de las entidades y cuántos, si los señalamientos resultan ciertos, obedecieron a recomendaciones personales ajenas al mérito y al servicio público?

Porque el Estado no puede convertirse en una agencia de colocación para amistades, afectos, compromisos personales ni círculos de cercanía presidencial.

Las mariposas amarillas empiezan a revolotear

Pero el caso de Deicy Jiménez podría ser apenas la primera página de una historia mucho más amplia.

Desde hace tiempo se viene hablando de las llamadas «Mariposas Amarillas», una denominación que ha circulado en el debate público para referirse a mujeres que habrían tenido cercanía personal con Petro y que, según distintas versiones, habrían terminado vinculadas a dependencias del Gobierno.

El asunto merece una investigación seria, no una cacería de mujeres ni un concurso de belleza o de hojas de vida. Tener una relación sentimental, trabajar como modelo, haber sido webcam o no contar con títulos universitarios no convierte a nadie en delincuente ni le quita el derecho a ocupar un cargo público. Lo que sí debe examinarse es si cada vinculación tuvo justificación, si existían las competencias requeridas, quién recomendó a las personas, quién firmó los contratos y qué servicios prestaron efectivamente.

La discusión, por tanto, no es sobre la apariencia física, el pasado laboral o la vida íntima de las contratistas. Es sobre la posible utilización del poder presidencial para favorecer a determinadas personas.

Y si las denuncias sobre una supuesta red de mujeres vinculadas mediante contratos públicos terminan encontrando respaldo probatorio, el país podría descubrir que detrás de algunas oficinas oficiales había una trama bastante menos institucional de lo que se nos había contado.

La denuncia de Jiménez habla de entre 30 y 40 mujeres. Por otra parte, Carlos Ríos, actual director del Dapre, había mencionado 48 mujeres que, según su versión, habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios. Son señalamientos que todavía deben ser contrastados. Pero la coincidencia de las denuncias obliga a revisar los archivos, no a cerrar los ojos.

La revolución también tiene sus contradicciones

Y aquí es donde el episodio adquiere una dimensión política particularmente irónica.

Petro llegó al poder presentándose como el abanderado de la ética pública, la defensa de las mujeres, la lucha contra el machismo y la transformación de las viejas prácticas de la política colombiana. Su discurso estaba lleno de reivindicaciones sociales y promesas de cambio.

Por eso, las denuncias actuales resultan especialmente incómodas. No se trata solamente de un eventual problema judicial. Se trata de la distancia que podría existir entre el discurso y la conducta de quien se presentó como alternativa moral frente a los gobiernos tradicionales.

El hombre que tantas veces habló de las élites, de la corrupción y de la utilización del Estado para beneficio de unos pocos, ahora debe explicar por qué una de sus antiguas conocidas aparece con contratos en varias dependencias públicas y asegura que él habría intervenido para conseguirlos.

La ironía es difícil de ignorar: el Gobierno que prometió acabar con el clientelismo podría terminar obligado a explicar si inventó una versión sentimental de esa misma práctica.

Y las reacciones comienzan a mostrar que el asunto puede convertirse en un dolor de cabeza incluso dentro de sus propias filas. Hay voces cercanas al petrismo que distinguen entre una relación íntima y una conducta corrupta, mientras otros sectores prefieren guardar prudente distancia. La defensa del expresidente insiste en que el video no demuestra ninguna irregularidad y que las acusaciones deben probarse judicialmente.

En la oposición, naturalmente, el episodio ha encontrado combustible para una ofensiva política que apenas comienza.

La última palabra no la tiene Instagram

Petro ha dicho que todo forma parte de una operación política en su contra. Puede tener adversarios interesados en aprovechar el escándalo. También puede haber sectores dispuestos a convertir cualquier episodio de su vida privada en munición política. Pero una cosa no elimina la otra: que existan adversarios políticos no significa que las denuncias sean falsas.

Y tampoco se puede permitir que la discusión termine convertida en un espectáculo de videos íntimos, fotografías, insultos y descalificaciones contra las mujeres involucradas. Si Deicy Jiménez tiene pruebas, debe entregarlas y contar con garantías para hacerlo. Si Petro tiene cómo desvirtuar las acusaciones, debe hacerlo ante las autoridades. Y si hubo funcionarios que utilizaron sus cargos para facilitar contrataciones irregulares, también tendrán que responder.

La Fiscalía y la Procuraduría tienen ahora una tarea que va mucho más allá de establecer quién besó a quién. Deben determinar si hubo tráfico de influencias, utilización indebida de la función pública, favorecimientos contractuales o cualquier otra conducta irregular.

Porque, al final, lo que está en juego no es la vida amorosa de Gustavo Petro. Es la confianza de los colombianos en sus instituciones.

Mientras tanto, las mariposas amarillas siguen revoloteando sobre el antiguo palacio presidencial y el país espera saber cuántas de ellas eran simples visitantes, cuántas tenían credenciales para entrar y, sobre todo, cuántas terminaron apareciendo en las nóminas o en los contratos del Estado.

Eso sí: si alguna vez se escribe el manual de contratación del romance presidencial, habrá que incluir una advertencia en la primera página: los besos son privados, pero los contratos los pagamos todos.

Y en Colombia, donde hasta el amor parece necesitar una OPS, lo mínimo que merece el ciudadano es que le expliquen quién autorizó el gasto

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