Una mujer asegura que mantuvo una relación íntima con el entonces senador y expresidente, que recibió contratos estatales durante cinco años y que, en algunas ocasiones, le consiguió cocaína. En una entrevista con Vicky Dávila, publicada por SEMANA, Deicy Jiménez habla de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres, presenta conversaciones, fotografías y otros materiales, y pide que se investigue. El país queda ante una denuncia explosiva que exige respuestas.
Por Redacción Hora en Punto 🔴
La denuncia es de una gravedad que desborda el terreno de la vida privada. Una mujer que se identifica como Deicy Jiménez asegura que Gustavo Petro, durante su trayectoria política y posteriormente desde la Presidencia de la República, habría utilizado su poder y la posibilidad de conseguir contratos estatales para mantener relaciones sexuales con mujeres jóvenes. También afirma que en los encuentros se consumía cocaína y que, en algunas ocasiones, ella misma se encargó de conseguirle la droga.
El testimonio fue publicado este domingo 25 de octubre por la revista SEMANA, en una entrevista realizada por la periodista Vicky Dávila. La mujer sostiene que no se trataba de un caso aislado, sino de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían participado en encuentros íntimos con el entonces mandatario y que, según su versión, recibían contratos como contraprestación.
La historia, de confirmarse sus elementos centrales, plantearía interrogantes de enorme dimensión sobre el uso de los recursos públicos, los límites del poder presidencial y la eventual instrumentalización de mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica.
Pero hay una precisión indispensable: se trata de acusaciones que deben ser verificadas por las autoridades. La existencia de contratos, conversaciones o fotografías no demuestra por sí sola que se haya cometido un delito ni que los recursos públicos se hayan utilizado para pagar favores sexuales. Esa relación, si existió, tendrá que establecerse mediante pruebas y procedimientos judiciales.
Una mujer decide hablar
Según el relato de Vicky Dávila, el primer contacto se produjo el 28 de julio, cuando recibió un mensaje de una mujer que manifestó su intención de denunciar presuntos abusos de poder, corrupción y manipulación de mujeres durante el gobierno de Petro.
La denunciante pidió esperar a que terminara el mandato presidencial para hablar públicamente. Explicó que temía por su seguridad y que consideraba más prudente revelar su historia cuando el expresidente ya no estuviera en el poder.
La periodista cuenta que se reunió personalmente con ella el 28 de agosto y que, durante varias horas de conversación, escuchó una versión que después decidió llevar ante la opinión pública. En su publicación, Dávila afirma haber recibido fotografías, videos y copias de conversaciones que la mujer atribuye a intercambios con Petro.
SEMANA también señala que verificó contratos que Jiménez tuvo en el Congreso y en entidades del Gobierno. Esa comprobación documental es relevante, aunque no resuelve por sí misma la pregunta fundamental: si esos vínculos contractuales estuvieron condicionados por una relación íntima o por exigencias de carácter sexual.
La mujer, que dice tener alrededor de 26 años, se presenta como la primera integrante de esa presunta red que decide dar la cara y contar su versión ante una cámara.
De una página para adultos al Congreso
La historia que relata Jiménez comienza, según su testimonio, en 2019, cuando Petro era senador y se preparaba para una nueva aspiración presidencial.
Afirma que lo conoció a través de una página para adultos, donde él habría utilizado un nombre distinto al suyo. Posteriormente, según su versión, ambos se encontraron personalmente en un hotel de Cali y comenzaron una relación que ella describe como íntima y prolongada.
Después se trasladó a Bogotá y, de acuerdo con su relato, empezó a conseguir contratos en entidades públicas.
Durante la entrevista menciona vínculos contractuales en el Senado de la República, relacionados con el despacho de María José Pizarro, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en el Ministerio del Interior. Asegura que tuvo contratos durante aproximadamente cinco años, un periodo que incluye la etapa en que Petro era senador y la posterior llegada del dirigente del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.
Jiménez sostiene que algunas personas dentro de las entidades conocían que ella llegaba recomendada por Petro, aunque aclara que no necesariamente conocían la naturaleza íntima de la relación.
Es aquí donde el testimonio deja de ser únicamente la historia de una relación personal y plantea una cuestión de interés público: ¿existió alguna conexión entre las recomendaciones políticas, la contratación estatal y los encuentros sexuales que la mujer describe?
La respuesta no puede descansar exclusivamente en la palabra de la denunciante ni en las conclusiones de sus entrevistadores. Exige examinar los contratos, sus objetos, las funciones efectivamente realizadas, los procesos de selección, los pagos y las comunicaciones que pudieran establecer una relación entre las decisiones administrativas y los hechos denunciados.
Entre 30 y 40 mujeres: la afirmación más explosiva
La dimensión colectiva de la denuncia es uno de sus elementos más delicados.
Durante la conversación con Dávila, Jiménez calcula que entre 30 y 40 mujeres habrían pasado por situaciones semejantes. Las describe como jóvenes, algunas vinculadas, según ella, al mundo de las transmisiones por internet para adultos, y afirma que varias habrían recibido contratos en distintas dependencias públicas.
La denunciante asegura que el propósito de esos vínculos era satisfacer necesidades sexuales del entonces dirigente político y que los contratos constituían una forma de mantener a las mujeres vinculadas y evitar que hablaran.
También sostiene que algunas de ellas continuarían trabajando en entidades estatales, incluso después de la salida de Petro de la Presidencia.
Estas afirmaciones abren un frente de investigación que no puede resolverse con una cifra mencionada en una entrevista. Será necesario establecer quiénes son las mujeres aludidas, cuáles fueron sus relaciones contractuales con el Estado, qué funciones desempeñaron y si existen elementos independientes que corroboren las presuntas contraprestaciones sexuales.
En la misma publicación, SEMANA recoge declaraciones atribuidas al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, quien habría hablado ante el Congreso de 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior.
La coincidencia entre ambas referencias aumenta el interés público de la denuncia, pero no significa que las 48 personas mencionadas por el funcionario y las 30 o 40 de las que habla Jiménez sean necesariamente las mismas, ni que todos los señalamientos estén probados.
El punto de fondo es determinar si existió un mecanismo de contratación pública utilizado para fines ajenos al servicio del Estado.
La cocaína y un supuesto viaje con droga
El segundo componente de la entrevista eleva todavía más la gravedad del relato.
Jiménez afirma que durante los encuentros con Petro se consumía cocaína y que, en algunas ocasiones, él mismo llevaba la sustancia. En otras, según dice, le pedía que se la consiguiera.
La mujer relata un episodio concreto: asegura que, cuando Petro todavía era senador, recibió de él tres millones de pesos en efectivo para comprar cocaína a unas personas cuyo nombre y ubicación se negó a revelar públicamente.
Según su versión, regresó en avión a Bogotá con la sustancia guardada en una maleta y posteriormente se la entregó al político en su apartamento.
También afirma que hubo otras ocasiones en las que consiguió droga en Bogotá y que dejó de hacerlo por temor a las consecuencias.
La entrevistada dice haber conservado una fotografía en la que, según su identificación, aparecen papeletas de droga y dinero en efectivo. Atribuye esos elementos a Petro.
La existencia de una imagen de esa naturaleza, sin embargo, no permite establecer por sí sola qué sustancia aparece, quién la poseía, cuándo fue tomada ni a quién pertenecía el dinero. Para determinarlo, las autoridades tendrían que examinar los archivos originales, su autenticidad, las circunstancias de obtención y cualquier otro elemento que permita corroborar el relato.
Si el episodio ocurrió como lo describe Jiménez, no sería una simple revelación sobre los hábitos privados de un dirigente político. Plantearía interrogantes adicionales sobre la eventual adquisición y transporte de sustancias ilícitas, las personas involucradas y las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.
Son aspectos que requieren investigación independiente, no conclusiones anticipadas.
Chats, fotografías y contratos: las pruebas que anuncia SEMANA
Uno de los aspectos centrales de la publicación es que la denuncia no se presenta únicamente como una narración oral.
Dávila afirma que recibió de Jiménez conversaciones que ella atribuye a Petro, imágenes de supuestas sustancias estupefacientes y fotografías de pertenencias que identifica como del expresidente. La periodista sostiene, además, que dispone de videos y de material que considera demasiado delicado para divulgar íntegramente.
En la publicación se muestran capturas de conversaciones y se incluyen referencias a contratos de la denunciante en el Congreso y en dependencias gubernamentales.
La directora de la entrevista asegura que entregará a las autoridades el material que conserva. Esa decisión resulta fundamental para que los investigadores puedan establecer si los documentos son auténticos y si permiten corroborar, total o parcialmente, los señalamientos.
La verificación deberá ir más allá de la apariencia de los mensajes. Será necesario determinar el origen de las cuentas, la autenticidad de los intercambios, la identidad de quienes participaban en ellos y su correspondencia con los documentos oficiales.
También será importante reconstruir la contratación de Jiménez y establecer si cumplió las obligaciones previstas en cada contrato.
En una investigación de estas características, las pruebas digitales, los registros administrativos, los testimonios independientes y la trazabilidad de los recursos públicos pueden resultar decisivos.
El poder, la vulnerabilidad y las preguntas sobre el consentimiento
Jiménez asegura que llegó a sentirse utilizada y manipulada. Describe a Petro como un hombre que, según su percepción, aprovechaba su posición para mantener el control sobre las mujeres con las que se relacionaba.
Afirma que inicialmente existió un vínculo afectivo, pero que con el tiempo comenzó a rechazar la relación. Según su relato, le advirtió en varias ocasiones que no estaba de acuerdo con el uso de las mujeres ni con lo que consideraba una utilización indebida de los recursos públicos.
La entrevistada sostiene que dejó de encontrarse con Petro porque no quería continuar la relación y que se sintió más tranquila cuando él salió de la Presidencia.
También manifiesta temor por posibles represalias y pide protección a las autoridades. Asegura que otras mujeres habrían recibido amenazas y que algunas guardarían silencio por miedo o por las ventajas económicas que, según ella, habrían obtenido.
Estas afirmaciones deben examinarse con especial cuidado. La diferencia de poder entre un funcionario de alto nivel y una persona que depende económicamente de oportunidades contractuales puede crear condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, para establecer si hubo coerción, abuso o alguna conducta penalmente relevante es necesario analizar las circunstancias concretas de cada caso.
La investigación debe proteger a las posibles víctimas, respetar su dignidad y evitar que la exposición pública se convierta en una nueva forma de presión sobre ellas.
Una tormenta política que exige algo más que indignación
La publicación llega con potencial para provocar una fuerte controversia política. Las acusaciones comprometen la imagen de un expresidente que construyó buena parte de su discurso público alrededor de la lucha contra la corrupción, la defensa de los sectores vulnerables y los derechos de las mujeres.
Pero el debate no debería agotarse en la confrontación entre defensores y detractores de Petro.
Si hubo contratos públicos utilizados para favorecer intereses personales, el problema sería institucional. Si existieron presiones, amenazas o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad, la investigación tendría que identificar a los responsables y establecer los hechos. Y si algunos de los señalamientos no se sostienen al contrastarlos con las pruebas, también deberá quedar claro.
Las instituciones deben actuar sin privilegios ni persecuciones políticas. La gravedad de las acusaciones justifica una verificación rigurosa, no una condena anticipada.
La entrevista también pone sobre la mesa una pregunta que trasciende a un dirigente: ¿qué controles existen para impedir que la contratación estatal se convierta en un instrumento de dependencia personal frente a quienes concentran poder político?
La respuesta exige transparencia en los procesos de contratación, controles efectivos y canales seguros para que cualquier persona pueda denunciar presiones o irregularidades.
La justicia tiene la última palabra
Al cierre de su entrevista, Jiménez insiste en que su propósito es que las autoridades investiguen. Menciona expresamente a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y pide que se examinen los hechos que relata.
La competencia de cada organismo dependerá de la naturaleza de las conductas investigadas y de las condiciones jurídicas de las personas involucradas.
Por ahora, el país tiene ante sí una denuncia de enorme impacto: una mujer que afirma haber mantenido una relación íntima con Petro, haber recibido contratos estatales durante años y haberle conseguido cocaína; una supuesta red de decenas de mujeres; y un medio de comunicación que dice conservar materiales para respaldar parte del relato.
Falta establecer qué ocurrió realmente, qué documentos pueden acreditarlo, quiénes más tienen información y si existieron conductas que comprometan responsabilidades penales o administrativas.
La diferencia entre un escándalo mediático y un caso judicial sólido estará en la calidad de las pruebas, la independencia de los investigadores y el respeto por el debido proceso.
La denuncia ya está sobre la mesa. Ahora corresponde a la justicia determinar qué hay detrás de ella
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