Un juzgado laboral ordenó el pago de diferencias pensionales a favor de la actual rectora y sus hijos, y decretó medidas cautelares sobre dineros de la institución. La decisión vuelve a poner en primer plano las dificultades financieras de una universidad que arrastra desde hace más de una década deudas con proveedores y obligaciones laborales pendientes.
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La Universidad Autónoma del Caribe vuelve a quedar en el centro de la controversia por sus obligaciones financieras. Esta vez, por una orden judicial que le exige pagar más de 7.586 millones de pesos a Silvia Beatriz Gette Ponce, actual rectora de la institución, y a sus hijos, por diferencias en la liquidación y los reajustes de una pensión de sobrevivientes.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla, que libró mandamiento de pago por $7.586.148.566, suma liquidada entre el primero de diciembre de 2016 y el 30 de abril de 2026, con la correspondiente indexación.
El despacho también decretó el embargo y secuestro de dineros depositados o que lleguen a depositarse en cuentas de la Universidad Autónoma del Caribe, como parte de las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación.
La decisión abre un nuevo capítulo en la prolongada crisis de la institución, donde la orden de pagar una suma multimillonaria a quien hoy ejerce la rectoría contrasta con la situación de trabajadores, profesores, catedráticos y proveedores que, según las reclamaciones conocidas, llevan años esperando que se les cumplan obligaciones económicas.
El origen de la deuda
De acuerdo con la información publicada por Zona Cero, el proceso tiene su origen en una sentencia del 28 de enero de 2015, relacionada con la pensión de sobrevivientes reconocida a Gette tras la muerte de Mario Ceballos Araujo, rector fundador de la Universidad Autónoma del Caribe.
La controversia se centró en el monto de la prestación. En primera instancia se había fijado una mesada de 71 millones de pesos, mientras que el Tribunal Superior de Barranquilla, en decisión del 15 de diciembre de 2016, estableció que debía reducirse de 96 a 47 millones de pesos y dispuso la devolución de $907.726.267 que, según esa decisión, se habían pagado en exceso.
Sin embargo, el litigio no terminó allí. El juzgado que ahora ordena el pago sostiene que la Universidad modificó unilateralmente, a partir de 2018, la base de cálculo de la pensión al reducir el salario nominal del cargo de rector.
Según el despacho, la decisión judicial había establecido que la prestación debía reajustarse automáticamente en el 100 % de los incrementos salariales correspondientes a ese cargo. Por ello, la disminución posterior de la escala salarial no podía utilizarse para reducir la mesada, pues el mandato judicial contemplaba reajustes a favor de los incrementos y no reducciones derivadas de fluctuaciones salariales descendentes.
El juzgado precisó que la controversia actual no corresponde simplemente a una ausencia absoluta de pagos, sino a las diferencias acumuladas por la modificación de la base pensional y los reajustes que, a su juicio, se dejaron de reconocer.
La decisión también tiene en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de enero de 2022. Bajo ese antecedente, el despacho considera que la Universidad no podía modificar unilateralmente una prestación económica definida judicialmente
Una universidad con deudas superiores a los $200.000 millones
Mientras avanza el cobro judicial de la obligación pensional, la situación financiera de la Uniautónoma sigue siendo motivo de preocupación para distintos sectores de su comunidad académica.
En abril de 2026, un informe de El Tiempo situó las deudas de la institución por encima de los $210.000 millones, de acuerdo con declaraciones de Javier Manjarrés, representante de los egresados ante el Consejo Superior.
El mismo reporte señaló que las obligaciones relacionadas con salud, seguridad social y pensiones rondaban los $40.000 millones, mientras que algunos profesores catedráticos acumulaban hasta siete meses de pagos pendientes. Estas cifras corresponden a las declaraciones recogidas por el medio y reflejan la magnitud de los problemas denunciados por representantes de la comunidad universitaria.
A ese panorama se suman los reclamos de proveedores que llevan años esperando el pago de sus cuentas, así como las deudas laborales que han marcado distintas etapas de la crisis. El resultado es una institución obligada a responder por compromisos de gran magnitud mientras enfrenta dificultades para atender sus necesidades operativas y cumplir oportunamente con todos sus acreedores.
La situación no es nueva. En 2018, el Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas de vigilancia especial ante la grave crisis financiera, administrativa y de gobierno de la Universidad. Posteriormente, en marzo de 2024, el Gobierno nacional avanzó hacia una intervención administrativa que tampoco ha logrado disipar los interrogantes sobre la recuperación económica de la institución.
La prolongación de estas dificultades ha puesto en discusión la eficacia de las medidas adoptadas y la capacidad de las sucesivas administraciones para restablecer la estabilidad financiera.
El regreso de Gette y los desafíos de su administración
Silvia Gette regresó a la rectoría el 27 de abril de 2026, después de más de una década fuera del cargo y tras una decisión judicial que restableció su derecho a asumir nuevamente la dirección de la institución.
Su retorno se produjo en medio de una situación compleja: una universidad con pasivos multimillonarios, obligaciones laborales acumuladas, cuestionamientos sobre el manejo de sus activos y la necesidad de recuperar la confianza de estudiantes, docentes, empleados, proveedores y demás acreedores.
Ahora, el mandamiento de pago a su favor introduce una nueva presión sobre las finanzas universitarias. Aunque la obligación se origina en decisiones judiciales anteriores y no en una deuda creada por su actual administración, el cumplimiento de la orden deberá afrontarse dentro de la realidad financiera de la institución que hoy dirige.
El punto central es que el proceso judicial reconoce una obligación pensional cuyo pago no puede analizarse únicamente desde la situación actual de la Universidad. Al mismo tiempo, la existencia de esa obligación plantea interrogantes sobre la disponibilidad de recursos para atender otros compromisos igualmente importantes.
¿Qué pasará con los demás acreedores?
El embargo decretado por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla busca hacer efectiva la obligación reconocida a favor de Gette y sus hijos. Sin embargo, la medida vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo podrá la Universidad cumplir sus obligaciones judiciales y, al mismo tiempo, responder a los trabajadores y proveedores que reclaman pagos atrasados?
No significa que todos los acreedores tengan necesariamente el mismo tratamiento jurídico ni que puedan cobrar por los mismos mecanismos. Cada obligación depende de su naturaleza, de las decisiones judiciales o administrativas correspondientes y de las reglas aplicables a su pago.
Pero la dimensión de la crisis hace inevitable el debate sobre las prioridades financieras, la transparencia en el manejo de los recursos y la existencia de un plan de recuperación que permita conocer cómo se atenderán los compromisos pendientes.
Para los empleados y profesores, la urgencia está en recibir los salarios, prestaciones, aportes y demás conceptos adeudados. Para los proveedores, en obtener respuestas sobre obligaciones que, según las reclamaciones conocidas, llevan años sin resolverse. Y para la comunidad académica, en saber si la institución podrá recuperar la estabilidad necesaria para garantizar su funcionamiento.
La Universidad Autónoma del Caribe enfrenta así dos realidades que deben examinarse simultáneamente: una obligación pensional respaldada por decisiones judiciales y una crisis financiera que mantiene a numerosos acreedores a la espera.
El pago ordenado a Silvia Gette no elimina las deudas con los demás sectores ni resuelve el problema estructural de la institución. Por el contrario, vuelve a poner en primer plano la necesidad de conocer el estado real de sus finanzas, los recursos disponibles, el alcance de las medidas de embargo y la ruta concreta para atender un pasivo que supera los $200.000 millones, según estimaciones divulgadas este año.
La pregunta que queda abierta en la Uniautónoma no es solamente cómo se pagarán los $7.586 millones ordenados por el juzgado. También es cuándo podrán comenzar a resolverse las obligaciones que mantienen en vilo a trabajadores, docentes, proveedores y a una comunidad universitaria que lleva años esperando una salida definitiva a la crisis
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