Tras la revisión del decreto 1085 de 2023, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el proyecto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, el alto tribunal defirió los efectos de su decisión a un año contados, en temas de agua, a partir de la expedición del decreto (2 de julio de 2023) debido a la «amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua», dijo la Corte mediante un comunicado.
Esto quiere decir que aunque el decreto es inexequible no se caerá de inmediato en los temas que tienen que ver con agua, sino que seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024. Para temas de energía y otros aspectos no surtirá este efecto diferido.
La decisión, que aún no se conoce completa, exhorta al Gobierno y al Congreso para que adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en La Guajira y para que «se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país».
La Procuraduría General de la Nación le había solicitado a la Corte Constitucional tumbar el decreto pues advertía que esto le daba instrumentos al presidente Petro para obtener facultades legislativas excepcionales.
«Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia», dijo la Procuraduría.
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