La Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia enviar el caso del exsenador Álvaro Uribe a la Fiscalía, pues sostiene que la Corte Suprema perdió la competencia y por ello debe remitir el señalado proceso.
El proceso que se adelanta contra el exsenador Uribe Vélez es por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, y según la Procuraduría, con la renuncia de Uribe a su curul la Corte perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.
Además, el Ministerio Público ratificó que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigido a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.
Según ese órgano de control, tampoco se demostró, dice el Ministerio Público, que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República. «No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta», dijo la Procuraduría.
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