Tras dos meses y siete días en detención domiciliaria el ex senador Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad, luego de que la juez 30 de Control de Garantías, Clara Ximena Salcedo, le otorgara el beneficio que había sido solicitado por el abogado defensor, Jaime Granados, y que fue respaldado por la Fiscalía y la Procuraduría
La jueza tomó la decisión tras considerar que falta compatibilidad entre la ley 600 que rige los procesos en la Corte Suprema, y la ley 906 para la justicia ordinaria, pues hay diferencias entre la indagatoria y la formulación de imputación de cargos, informó RCN radio.
La jueza resaltó que hay diferencias entre una indagatoria (la que le hizo la Corte Suprema de Justicia al expresidente) y una imputación de cargos en cuestión de garantías judiciales para el acusado.
“No es posible equiparar los actos de indagación e imputación de cargos. Sin imputación no puede existir medida [de aseguramiento”, recalcó.
Según ella, igualar esas dos diligencias judiciales (indagación e imputación) solo afecta el proceso; señaló que su función como jueza de garantías era proteger los derechos del señalado (Uribe), así como de las otras partes del caso de falsos testigos, informó el portal Pulzo.
La jueza dijo que si va a haber una medida de aseguramiento, será después de que la Fiscalía haga la imputación de cargos.
“Por todo lo expuesto, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por la defensa, apoyada por la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo.
En la diligencia judicial que se hizo el jueves, tanto Jaime Granados, abogado de Uribe en el caso de falsos testigos, como la Procuraduría y la Fiscalía pidieron la libertad inmediata del expresidente, al considerar que la medida de aseguramiento queda sin efecto al cambiar el proceso de ley.
Y es que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria para Uribe bajo el antiguo sistema penal (Ley 600). Con la renuncia del expresidente al Senado, el proceso no solo quedó en la Fiscalía (justicia ordinaria), sino que pasó a la Ley 906.
Pese a que el alto tribunal estuvo de acuerdo con ese cambio, dijo que se debería mantener las actuaciones que la Corte tuvo, entre ellas, la restricción de la libertad de Uribe; no obstante, esa decisión quedó en las manos de la juez.A continuación podrá ver la declaración de la jueza 30 de garantías de Bogotá.
