Por momentos, Colombia parece estar viviendo dos realidades paralelas. En una, la institucionalidad sigue su curso. Hay un presidente electo con credenciales, una fecha constitucional de posesión fijada para el próximo 7 de agosto y un proceso de transición diseñado para garantizar que el cambio de gobierno ocurra sin traumatismos.
En la otra, el país presencia una confrontación política que escala día tras día, donde el lenguaje de la sospecha ha reemplazado al de la prudencia y la desconfianza amenaza con convertir el empalme presidencial en una auténtica guerra política azuzada por un delirante y mal perdedor presidente saliente quien con sus acciones deja entrever que quiere eternizarse en el poder creando sospechas sobre el presidente electo.
La tensión alcanzó un nuevo punto de quiebre cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión inmediata del proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, una decisión que rompe con la tradición de las transiciones presidenciales colombianas y eleva la confrontación a un nivel sin precedentes recientes.
La decisión no llegó en el vacío.
Se produjo apenas horas después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en desconocer la legitimidad del resultado electoral que dio como vencedor a De la Espriella, al tiempo que reiteró su respaldo a Iván Cepeda como el verdadero ganador de las elecciones. Paralelamente, el excandidato del oficialismo endureció su discurso llamando a la desobediencia civil mientras avanzan las acciones jurídicas con las que pretende controvertir los resultados electorales.
Su llamado a la desobediencia ha Sido criticado incluso desde sus mismas huestes políticas por considerar esto una postura claramente antidemocrática.
La respuesta del presidente electo fue inmediata.
A través de un mensaje público anunció que ordenaba suspender el empalme y lanzó una de las acusaciones políticas más severas escuchadas en una transición democrática reciente. Señaló que su equipo había encontrado «cientos de irregularidades» y afirmó que el gobierno saliente estaría incurriendo en graves hechos de corrupción, denuncias que, hasta el momento, forman parte de sus señalamientos políticos y cuya eventual responsabilidad corresponderá determinar a las autoridades competentes.
El mandatario electo sostuvo que la determinación responde a su obligación de proteger los intereses del país durante la transición de gobierno, y según señalo, garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos.
De la Espriella agregó que durante la mañana explicará públicamente los motivos de la decisión y los pasos que seguirá su equipo. «En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato«, concluyó.
La decisión se da unas horas después de que Gustavo Petro dijera en sus redes sociales que el ganador de las elecciones fue Iván Cepeda y que desconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella, reiterando una hipótesis de supuesto fraude electoral con ayuda de tecnología y apoyos del exterior,
La reacción desde la Casa de Nariño tampoco tardó.
El gobierno saliente rechazó las acusaciones, defendió la legalidad del proceso de empalme y sostuvo que la transición se había venido desarrollando dentro de los canales institucionales previstos por la ley.
Lo que debía ser un ejercicio técnico terminó convertido en un pulso político.
Ya no se discuten únicamente cifras fiscales, contratos, programas sociales o estados financieros. Lo que hoy está en disputa es algo mucho más profundo: la confianza entre quienes entregan el poder y quienes están llamados a recibirlo.
La polarización que marcó toda la campaña presidencial no terminó con el escrutinio.
Por el contrario, parece haber encontrado un nuevo escenario.
Las redes sociales hierven con mensajes incendiarios. Los simpatizantes de ambos sectores elevan el tono de sus acusaciones mientras dirigentes políticos, congresistas y líderes de opinión alimentan una narrativa donde cada declaración parece diseñada para aumentar la confrontación.
Colombia entra así en un territorio políticamente inédito.
Durante décadas, incluso en medio de profundas diferencias ideológicas, los gobiernos salientes y entrantes conservaron al menos un mínimo canal institucional para garantizar la continuidad del Estado.
Hoy ese puente parece resquebrajarse.
Mientras el gobierno Petro mantiene sus cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral y sectores del oficialismo anuncian movilizaciones y recursos judiciales, el equipo del presidente electo endurece su discurso anunciando investigaciones y eventuales denuncias sobre lo que considera presuntas irregularidades de la administración saliente.
El resultado es un país atrapado entre dos relatos irreconciliables.
Uno sostiene que la democracia fue alterada en las urnas.
El otro afirma que recibe un Estado afectado por graves actos de corrupción que deberán investigarse.
En medio de ambas narrativas permanece la ciudadanía, que observa con preocupación cómo la transición presidencial, llamada a ser un símbolo de estabilidad institucional, se transforma en el episodio más confrontacional de la historia política reciente.
El reloj constitucional, sin embargo, no se detiene.
Falta menos de un mes para la posesión presidencial.
Y mientras el calendario avanza inexorablemente hacia el 7 de agosto, Colombia enfrenta una pregunta que trasciende la disputa entre Petro y De la Espriella: si la democracia colombiana será capaz de superar esta tormenta preservando la fortaleza de sus instituciones o si la polarización terminará dejando heridas mucho más profundas que las propias de una contienda electoral
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