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El periodista Melquisedec Torres asegura que, durante una reunión reservada en Valledupar en octubre de 2025, funcionarios del Gobierno Petro habrían planteado que tres antiguos jefes paramilitares declararan contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Según su versión, a los excombatientes les habrían ofrecido beneficios judiciales a cambio de colaborar.
Una reunión reservada entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos jefes paramilitares habría derivado en un presunto intento de utilizar testimonios judiciales contra figuras de la oposición política. Así lo denunció el periodista Melquisedec Torres en su columna “El Pacto de Valledupar”, publicada el 17 de octubre de 2026, en la que reconstruye los hechos ocurridos durante un encuentro realizado un año antes en esa ciudad.
De acuerdo con la investigación periodística, entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, el Gobierno reunió a diez de los principales exjefes paramilitares en el hotel El Bosque de Valledupar, bajo estrictas medidas de reserva y con el propósito declarado de avanzar en conversaciones de paz.
Torres sostiene que durante el encuentro, en el que participaron funcionarios como la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se habría planteado la posibilidad de que tres antiguos integrantes de las Autodefensas entregaran testimonios contra dirigentes políticos de la derecha colombiana.
La columna señala que la iniciativa habría contemplado declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Los tres exparamilitares señalados
Según la reconstrucción de Torres, las personas escogidas para aportar los testimonios habrían sido Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como alias Martín Llanos.
El primero, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una profesora, habría sido el encargado de declarar contra Uribe Vélez, particularmente sobre supuestos negocios ganaderos. El periodista indica que Severini fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que, según sus antecedentes, ha reconocido participación en numerosos homicidios.
El segundo, el ganadero y palmicultor Darío Laíno Scopetta, conocido por varios alias, habría sido destinado a declarar contra Abelardo de la Espriella. Torres afirma que Laíno hizo parte de estructuras paramilitares, fue condenado por homicidio en persona protegida y posteriormente desistió de ingresar a la JEP.
El tercer señalado, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, antiguo jefe paramilitar del Casanare, habría tenido a su cargo declaraciones contra Germán Vargas Lleras. Según el columnista, Buitrago permanece privado de la libertad y registra condenas relacionadas con graves crímenes cometidos por la estructura armada que dirigió.
Es importante precisar que la existencia de estas supuestas asignaciones de testimonios y su eventual propósito político corresponden a las afirmaciones publicadas por Torres y no constituyen, por sí mismas, una comprobación judicial de los hechos denunciados.
Los presuntos ofrecimientos judiciales
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia tiene que ver con los supuestos beneficios que habrían sido ofrecidos a los exparamilitares para conseguir su colaboración.
Torres afirma que a Severini y Laíno Scopetta les habrían planteado la posibilidad de ingresar a la JEP, acceder a beneficios judiciales y obtener condiciones de reclusión más favorables. En el caso de Martín Llanos, sostiene que se habría ofrecido gestionar su libertad y mejorar las condiciones de su padre, Héctor José Buitrago, conocido como alias El Patrón, también antiguo jefe paramilitar.
Según la columna, estas propuestas habrían sido comunicadas durante la reunión de Valledupar, en la que también estuvieron presentes el asesor Víctor Currea de Lugo, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y el abogado Juan Carlos Villamizar, entre otros participantes.
El periodista asegura que sus fuentes le permitieron reconstruir los detalles del encuentro, pero que mantuvo la información bajo reserva durante un año por razones de seguridad y porque necesitaba contrastar los datos antes de hacer pública una denuncia de semejante gravedad.
Divisiones entre los antiguos jefes paramilitares
La versión publicada por Torres indica que la propuesta habría generado una división entre los participantes de la reunión.
De un lado, se habría conformado un grupo alrededor de Salvatore Mancuso y alias Macaco. Del otro, Jorge 40 y Fredy Rendón, conocido como El Alemán, se habrían opuesto a la iniciativa, con el respaldo de la mayoría de los asistentes.
Según el columnista, la negativa impidió que se concretara el esquema de declaraciones que, presuntamente, se había planteado. Añade que una presentadora de RTVC estaba preparada para entrevistar en directo a los antiguos jefes paramilitares, mediante una unidad móvil y un dispositivo de producción dispuesto por el gerente del sistema público, Hollman Morris.
Sin embargo, las entrevistas no se habrían realizado después de que Jorge 40 manifestara su oposición a comparecer ante las cámaras. Torres sostiene que, tras la controversia, la mesa de conversaciones con los exparamilitares no volvió a ser convocada por el presidente Petro.
La columna también relata que, después de la discusión, Angie Rodríguez sostuvo una reunión privada con Mancuso, Lemus, Currea de Lugo y Macaco, cuyo contenido, de acuerdo con el periodista, no trascendió públicamente.
Las declaraciones de Angie Rodríguez
En su publicación del 17 de octubre, Torres explica que decidió revelar ahora los hechos después de consultar nuevas fuentes, contrastar fechas y lugares y examinar recientes declaraciones de Angie Rodríguez, que, según afirma, le permitieron completar la reconstrucción de lo sucedido.
El periodista sostiene que las circunstancias de aquella reunión habrían apuntado a una estrategia con posibles repercusiones electorales, pues el encuentro se produjo en un contexto de actividad política y, según su relato, dos días antes de las consultas internas del Pacto Histórico para escoger candidato presidencial.
La acusación, por su gravedad, plantea interrogantes sobre el alcance de las conversaciones entre el Gobierno y los antiguos jefes paramilitares, el propósito de los eventuales ofrecimientos judiciales y la posible utilización política de testimonios relacionados con hechos del conflicto armado.
No obstante, para establecer responsabilidades será necesario conocer los soportes documentales de la denuncia, las declaraciones completas de los funcionarios mencionados y la eventual existencia de actuaciones de los organismos judiciales sobre los hechos descritos.
La denuncia de Melquisedec Torres abre así un nuevo capítulo de controversia política alrededor de las conversaciones del Gobierno Petro con antiguos mandos paramilitares. Por ahora, los señalamientos centrales sobre el supuesto plan para obtener declaraciones contra dirigentes de la oposición deben entenderse como una reconstrucción periodística atribuida a su autor, pendiente de corroboración independiente y de las explicaciones de los involucrados
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