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La millonaria nómina del Fondo Milagro, que salió a la luz tras una denuncia en el Congreso y provocó una ola de cuestionamientos por los elevados salarios de sus funcionarios, terminó obligando al presidente Abelardo De la Espriella a pronunciarse públicamente. El mandatario rechazó los pagos, aseguró que no había autorizado esos sueldos y anunció que ordenó reversarlos de inmediato.
El escándalo puso bajo la lupa una de las principales apuestas del Gobierno para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La entidad, creada para administrar los recursos destinados a la reconstrucción y ayudar a las familias damnificadas, terminó convertida en blanco de críticas por el costo de su propia estructura administrativa.
La respuesta presidencial llegó a través de su cuenta de X, donde De la Espriella defendió la necesidad de mantener la coherencia entre el discurso de austeridad que ha promovido su Gobierno y las decisiones administrativas de las entidades bajo su responsabilidad.
En el mensaje, el mandatario fue enfático:
“¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”.
El jefe de Estado calificó las decisiones que condujeron a establecer esos salarios como «inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones». También lanzó una advertencia a los funcionarios de su administración: nadie tiene el cargo asegurado y todos están permanentemente a prueba. Anunció, además, medidas correctivas para las próximas horas.
Una nómina que supera los $765 millones mensuales
La controversia comenzó luego de que la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, hiciera pública la respuesta a un derecho de petición con el que obtuvo información sobre la estructura salarial del Fondo Milagro.
Los números causaron sorpresa incluso por fuera de los sectores de oposición.
Según la documentación conocida, el gerente de la entidad, Jaime Andrés Uribe, devenga $39.441.454 mensuales. Cinco cargos directivos tienen asignaciones de $36 millones, mientras que 13 coordinadores reciben $33 millones cada uno.
En total, la nómina reportada alcanza los $765.641.454 mensuales, sin incluir primas ni prestaciones sociales. De las 27 personas que aparecen en la relación salarial, 20 tienen remuneraciones iguales o superiores a los $30 millones.
La comparación también generó indignación: el gerente del Fondo gana aproximadamente $8,7 millones más que un ministro, cuyo salario mensual está fijado en $30,7 millones.
Pero el costo de la estructura no termina allí. A la nómina se suma la comisión mensual que recibe Fiducoldex, la fiduciaria encargada de administrar los recursos, calculada en unos $248,6 millones. Esto significa que el funcionamiento del Fondo supera los $1.000 millones mensuales.
La polémica por los salarios y los resultados
El debate adquiere mayor dimensión cuando se contrasta el costo administrativo con los resultados de ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia.
El Fondo Milagro cuenta con un presupuesto de $624.656 millones. Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por su gerente al Congreso, hasta el momento se habían adelantado procesos contractuales por $7.440 millones, equivalentes a cerca del 1,2 % de los recursos disponibles. Esos contratos estaban destinados a demoliciones y sus respectivas interventorías.
La diferencia entre los recursos disponibles, el costo de funcionamiento y el avance de las intervenciones se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron la estructura burocrática de la entidad.
La polémica también alcanzó al gerente Jaime Andrés Uribe, quien no asistió a un debate de control político en el Congreso el pasado 11 de noviembre, enviando en su lugar respuestas por escrito
Las críticas no provinieron exclusivamente de la oposición. Incluso personas que respaldaron electoralmente a De la Espriella cuestionaron lo que consideran una contradicción entre la promesa de reducir el tamaño del Estado y la creación de una estructura con remuneraciones tan elevadas.
El expresidente Gustavo Petro también aprovechó la controversia para lanzar críticas contra el Gobierno, mientras congresistas de diferentes sectores reclamaron explicaciones sobre la contratación y el funcionamiento del Fondo.
Una prueba para el discurso de austeridad
Con su pronunciamiento, De la Espriella busca marcar distancia frente a una decisión administrativa que amenaza con convertirse en un problema político para su Gobierno. Su mensaje intenta dejar claro que los salarios no contaban con su autorización y que no está dispuesto a permitir que una estructura burocrática termine desdibujando el propósito de una entidad creada para atender a miles de damnificados.
Sin embargo, la controversia deja preguntas que todavía necesitan respuesta: ¿quién aprobó esa estructura salarial?, ¿quién determinó los honorarios de los directivos y coordinadores?, ¿por qué se establecieron remuneraciones superiores a las de muchos altos funcionarios del Estado? y, sobre todo, ¿qué controles se aplicaron antes de comprometer esos recursos?
La orden presidencial de reversar los salarios es un primer paso, pero ahora habrá que establecer si efectivamente se modifica la nómina, quiénes responden por las decisiones y cuánto terminará costando realmente la operación del Fondo.
Porque si algo resulta difícil de explicarles a las familias que todavía esperan una solución después del terremoto es que la reconstrucción tenga una nómina de más de $765 millones mensuales, mientras la ejecución de los recursos sigue siendo tan reducida.
La austeridad no puede quedarse en un discurso presidencial. También tiene que reflejarse en las decisiones de quienes administran los recursos públicos
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