La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos debe seguir en Barranquilla.
El alto tribunal tuvo que zanjar un conflicto de competencia elevado el 20 de noviembre por el abogado del exdiputado del Atlántico, quien argumentó que los hechos debían “ser juzgados en Bogotá”.
Para el fiscal Mario Burgos, quien ese día se trasladó hasta Barranquilla para dar inicio al juicio de manera presencial, se trató de una maniobra dilatoria manifestada con una solicitud “superflua”.
Para la Fiscalía, la petición no tenía peso jurídico, sobre todo porque la mayoría de los hechos que demuestran el incremento presuntamente injustificado del patrimonio de Petro y de su exesposa, Day Vásquez, ocurrió en Barranquilla.
“Según la ley, en caso de que la investigación arroje que los delitos se cometieron en varios lugares, la Fiscalía tiene la potestad de realizar la acusación en donde ella crea pertinente”, apuntó la delegada de la Procuraduría en el caso.
El juez segundo penal del circuito especializado, por su parte, afirmó que, como se trata de “dos distritos judiciales diferentes”, el conflicto de competencias debía resolverse en la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, aseveró que si el caso vuelve a su despacho y no va a Bogotá, compulsará copias para que se investigue la conducta del defensor de Nicolás Petro, un gesto al que varios penalistas se han opuesto.
“¿Ahora la responsabilidad disciplinaria depende del éxito de una solicitud?”, cuestionó el litigante Santiago Trespalacios, quien añadió que si el juez le dio trámite a la petición “es porque la encuentra razonable”.
“Lamentable que cualquier colega pueda resultar investigado por hacer uso de los recursos legales según si le dan o no la razón”, expresó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.
Mientras que Iván Cancino, parte del mismo Colegio, mencionó que, aunque no cree que el abogado de Petro tenga razón, su petición “no es dilatoria”. “Fiscal y juez pidiendo compulsa de copias, ¿hasta cuándo?”, reprochó.
Lo cierto es que el asunto ahora mismo está en manos del Juzgado Segundo, tras una determinación que se tomó, según la Corte Suprema, “de manera unánime” en la Sala Penal.
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