ANUAR SAAD 🔴 Hora En Punto
Basta echarle una mirada a la cifra para que se entienda por sí sola la dimensión del problema: 1.069.196 colombianos tienen, según el Gobierno, medicamentos o procedimientos pendientes. Detrás de ese número hay pacientes esperando una fórmula, una cirugía, un tratamiento, un examen o simplemente una respuesta que durante semanas o meses no llega.
Para ellos, el Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha la primera fase de un Plan de Choque en Salud, una estrategia extraordinaria y temporal con cobertura nacional que busca sacar del represamiento las atenciones que el sistema no ha logrado resolver.
El anuncio fue hecho por el Presidente al término del Consejo de Ministros del lunes 21 de septiembre, después de presentar las cifras que, a juicio del Ejecutivo, muestran la magnitud de las barreras que enfrentan los usuarios.
Entre enero y julio de este año, la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 1,2 millones de reclamos, unos 5.772 diarios, y el Gobierno señala que el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
“Medicamento pendiente, hay que entregarlo. Procedimiento pendiente; hay que realizarlo. Paciente esperando, hay que atenderlo”, dijo De La Espriella al explicar la filosofía de la intervención.
Pero esta vez el Gobierno asegura que no se limitará a recibir quejas o a cerrar casos en una plataforma. La apuesta es seguir cada caso hasta comprobar que la solución haya llegado realmente al paciente.
Primero el paciente, después el trámite
La primera fase comienza con una tarea que parece sencilla, pero que resulta fundamental para enfrentar el represamiento: identificar quién está esperando y qué está esperando.
El Gobierno cruzará la información disponible, los reportes de las EPS y las peticiones, quejas y reclamos para establecer cuáles pacientes tienen medicamentos o procedimientos pendientes.
Después vendrá la determinación de qué necesita cada uno y quién tiene la responsabilidad de garantizarlo. El tercer paso será destrabar los recursos y, finalmente, hacer seguimiento hasta verificar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento se realizó.
Es, en palabras del propio Presidente, pasar de una lógica en la que se contabilizan reclamos a otra en la que se comprueba la solución. “Aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma. La solución tiene que llegar al paciente”, sostuvo.
La primera fase contempla a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y a más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos, con una implementación prevista entre septiembre y diciembre de 2026.
Los pacientes de mayor riesgo tendrán prioridad
No todos los casos serán atendidos bajo el mismo criterio. La estrategia contempla una priorización según el nivel de riesgo, comenzando por quienes pueden enfrentar consecuencias graves si el tratamiento continúa aplazándose.
En ese grupo aparecen pacientes con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, trasplantes, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y otras patologías de alto impacto.
También se incluyen personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, EPOC, asma y pacientes con alta probabilidad de hospitalización, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.
La idea es que el sistema no espere a que el paciente empeore para actuar.
La plata: compra de cartera a cero intereses
Pero ninguna estrategia para descongestionar el sistema puede avanzar si los recursos siguen atrapados en las cuentas pendientes entre los distintos actores de la salud.
Por eso, el Gobierno anunció una de las medidas financieras más importantes del plan: un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida a las EPS de ambos regímenes, con una tasa de interés del 0 % y un año de periodo de gracia.
La finalidad, según explicó el Ejecutivo, es generar liquidez para atender las obligaciones asociadas a los servicios represados y facilitar que los recursos lleguen a la red prestadora y permitan materializar las atenciones pendientes.
Pero De La Espriella puso una condición: el mecanismo no será un cheque en blanco para las EPS.
El Gobierno advierte que no se pagará dos veces una misma atención ni se reconocerán nuevamente servicios que ya hayan sido cancelados. Los recursos estarán ligados a las atenciones incluidas en esta primera fase y sometidos a seguimiento.
Una mesa para vigilar que la plata se convierta en atención
Para evitar que el dinero se quede en el camino, el Gobierno anunció la creación de una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
La función será hacer seguimiento tanto a los recursos como a las obligaciones de las EPS y, especialmente, comprobar que los medicamentos lleguen y que los procedimientos efectivamente se realicen.
La Superintendencia, además, deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y actuar frente a los incumplimientos que encuentre.
El Gobierno insiste en que el plan es extraordinario y temporal y que no sustituye las obligaciones permanentes de las EPS de garantizar la atención de sus afiliados.
El otro frente: el futuro de las EPS intervenidas
El plan de choque llega acompañado de una definición que el Gobierno ya había anticipado: las EPS intervenidas serán sometidas a evaluación para determinar cuáles pueden recuperarse y cuáles no tienen condiciones para continuar.
La posición anunciada por De La Espriella es que las entidades que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse, mientras que aquellas que no lo sean deberán ser liquidadas de manera ordenada, teniendo en cuenta los intereses de sus afiliados.
Ese proceso constituye uno de los componentes de fondo de la estrategia del Gobierno para reorganizar el sistema, mientras el plan de choque pretende resolver la emergencia inmediata de quienes están esperando.
El reloj ya comenzó a correr
El reto ahora es convertir el anuncio en resultados.
Para un paciente con cáncer, para una persona que espera un trasplante, para quien necesita un medicamento que no puede suspender o para una mujer gestante que requiere un tratamiento esencial, cuatro meses pueden representar demasiado tiempo.
Por eso, más allá de las cifras, la verdadera prueba del plan estará en algo mucho más sencillo de medir: cuántos pacientes que hoy esperan recibirán finalmente el medicamento, el procedimiento o el tratamiento que tienen pendiente.
El Gobierno ha identificado a más de un millón de ellos. Ha anunciado recursos, mecanismos financieros, seguimiento institucional y una ruta de cuatro pasos para intentar resolver cada caso.
Ahora comienza la parte más difícil: que la promesa salga de los despachos, atraviese las EPS y las redes de prestación y termine donde debe terminar: en las manos del paciente que lleva semanas o meses esperando
About Author
Tienes que leer
Roberto Solano, nombrado interventor de la Nueva EPS
Barranquilla tiene disponibles 44.700 vacunas contra el sarampión y fortalece vigilancia sanitaria
Consejo de Estado dejó en veremos ‘decretazo’ a la salud de Petro y ordenó medidas cautelares