INFORME DE ANUAR SAAD
La nueva regla para ahorrar energía ya está en marcha. Pero en la Costa Caribe la discusión apenas comienza: mientras la CREG habla de solidaridad, eficiencia y protección del sistema eléctrico ante el fenómeno de El Niño, miles de usuarios se preguntan cómo ahorrar electricidad cuando buena parte de ella no se utiliza por lujo, sino para poder soportar el calor.
Hay una escena que se repite cada noche en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar o Montería. El sol ya se escondió, pero las paredes de las casas siguen devolviendo el calor acumulado durante todo el día. El ventilador trabaja sin descanso. En muchas viviendas se enciende el aire acondicionado. La nevera permanece conectada, como siempre. Y mientras la familia intenta dormir, alguien mira el recibo de energía y hace cuentas.
Ahora habrá que hacer otra cuenta: cuántos kilovatios se están consumiendo frente a la meta que la CREG le puso a cada hogar.
Desde el primero de septiembre comenzó a operar el programa transitorio creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante la Resolución 101 120 de 2026, posteriormente ajustada para fijar la nueva fecha de entrada en vigencia. El programa tendrá inicialmente una duración de seis meses y podría extenderse si persisten las condiciones de riesgo para el sistema eléctrico.
La explicación oficial es sencilla: Colombia se prepara para un período de menor disponibilidad hídrica asociado al fenómeno de El Niño y la CREG quiere evitar que el aumento de la demanda termine poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico. La fórmula escogida tiene algo de zanahoria y algo de garrote: premiar al que ahorre y cobrarle más al que se pase.
Pero en la Costa Caribe esa fórmula ha encontrado una dificultad que no aparece con la misma intensidad en otras regiones del país: aquí ahorrar energía muchas veces significa apagar el aparato que permite soportar el clima.
Y ahí está el centro de la polémica.
¿Cómo funciona la nueva medida?
La CREG no estableció que a partir de septiembre toda la energía sea más cara. Tampoco significa que una familia que consuma un kilovatio adicional vaya automáticamente a recibir una multa.
Cada usuario tendrá una meta individual de consumo, calculada a partir de su comportamiento histórico, específicamente con base en los consumos de los 12 meses anteriores.
La regla funciona así:
Si consume hasta el 110 % de su meta, no tendrá el cobro adicional.
Si supera el 110 %, deberá pagar un valor adicional por el consumo que exceda ese límite.
Y aquí aparece el otro lado de la moneda:
si consigue consumir menos del 90 % de su meta, puede recibir un beneficio económico.

Pero ese beneficio no es un descuento automático ni una recompensa garantizada. Los recursos salen de los cobros realizados a quienes excedan sus metas y se distribuyen entre los usuarios que hayan conseguido ahorrar, de acuerdo con las reglas del programa y dentro de cada mercado de comercialización. Si no existe suficiente dinero recaudado, el beneficio puede ser menor o incluso llegar a cero.
Hay además un detalle importante que puede perderse en medio de los titulares sobre las «multas»: el primer ciclo tiene carácter pedagógico. El usuario podrá ver reflejado cuánto habría pagado por su exceso, pero el cobro adicional no se aplicará durante ese primer período.
Para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, el factor establecido para el exceso es de 1,30; para estratos 4, 5 y 6 es de 1,50. En usuarios comerciales e industriales regulados el factor es de 1,70. Estos factores se aplican al exceso de consumo objeto del cobro, no a toda la factura.
Es decir, no es correcto afirmar que a quien se pase de la meta le van a multiplicar toda la factura.

El problema comienza cuando la meta se encuentra con el termómetro
La discusión cambia cuando se mira el mapa de Colombia.
Una familia en una ciudad de clima templado puede apagar durante varias horas un equipo de refrigeración sin que eso transforme radicalmente su rutina. En la Costa Caribe, la historia puede ser distinta.
Aquí el ventilador no es necesariamente un aparato de confort. Para muchas familias es parte de la vida cotidiana. Y el aire acondicionado, aunque representa un consumo considerable, se ha convertido para muchos hogares en una herramienta para dormir, trabajar, estudiar y, en determinados casos, enfrentar temperaturas que durante buena parte del año superan los 30 grados.
Por eso en la región ha comenzado a escucharse una pregunta incómoda: ¿es justo comparar el comportamiento histórico de consumo de un hogar costeño con el de cualquier otro hogar del país cuando las condiciones climáticas son tan diferentes?
La controversia ya se refleja en medios y redes sociales de la región. En Barranquilla y otras ciudades costeñas han aparecido expresiones que resumen el malestar ciudadano con una frase cruda: «nos están obligando a morirnos de calor».
Otros usuarios plantean el problema desde el bolsillo: con tarifas de energía que ya consideran elevadas, reducir el consumo puede significar una disyuntiva difícil: apagar el aire acondicionado o el ventilador, soportar el calor y dormir mal, o asumir el riesgo de pagar más. Medios de la Costa han advertido precisamente sobre esa tensión entre la política nacional de ahorro y las condiciones particulares del Caribe.
La paradoja costeña
La paradoja es evidente.
El programa le pide a un hogar que reduzca su consumo frente a su propio promedio histórico. Pero ese promedio histórico ya incorpora las condiciones climáticas de la región. Y cuando llega un período especialmente caliente, el usuario puede necesitar precisamente más refrigeración.
En otras palabras: el mismo calor que aumenta la necesidad de utilizar aire acondicionado y ventiladores puede terminar empujando el consumo por encima de la meta individual.
Ahí es donde la discusión deja de ser simplemente una campaña para apagar bombillos.
Porque nadie discute que Colombia necesite cuidar sus embalses, racionalizar el consumo y prepararse para un eventual período crítico. La propia CREG fundamenta la medida en la necesidad de preservar la confiabilidad del sistema ante el fenómeno de El Niño y la baja hidrología.
La pregunta que se hace la Costa es otra:
¿puede aplicarse la misma fórmula de ahorro a territorios donde las condiciones climáticas hacen que una parte importante del consumo sea prácticamente indispensable?
Y no todo el mundo está obligado a escoger entre calor y factura La regulación contempla algunas excepciones.
Por ejemplo, usuarios que tengan una condición médica que requiera el uso permanente o intensivo de equipos eléctricos indispensables para preservar la vida o la salud pueden solicitar su exclusión del programa, presentando el correspondiente soporte médico ante el comercializador. También existen exclusiones para determinadas instituciones y tipos de usuarios.
Pero esa excepción médica no resuelve la preocupación de una familia común que necesita mantener encendido el aire acondicionado durante varias horas para poder dormir.
Y allí aparece uno de los mayores interrogantes de la medida en la Costa: la regulación reconoce algunas situaciones excepcionales, pero el calor cotidiano de millones de personas no es, por sí mismo, una excepción.
La batalla de los kilovatios
En el fondo, lo que acaba de comenzar es una especie de competencia nacional por el consumo eléctrico.
Cada hogar tiene su propia línea de partida. El que reduzca significativamente su consumo puede terminar recibiendo una recompensa. El que se mantenga alrededor de su comportamiento habitual no recibe ni premio ni castigo adicional. Y quien se dispare por encima del 110 % queda expuesto al cobro adicional.
La CREG no está pidiendo que Colombia se quede a oscuras. Está tratando de conseguir algo más difícil: que millones de colombianos cambien sus hábitos de consumo justo cuando el sistema teme que aumente la presión sobre la generación eléctrica.
Pero en la Costa Caribe esa orden llega acompañada de una pregunta que ningún recibo puede responder:
¿Cómo ahorrar electricidad cuando buena parte de ella se utiliza para poder vivir con el calor?
La discusión apenas comienza. Porque una cosa es pedirle a un país que apague una luz innecesaria. Y otra muy distinta es pedirle a una familia de Barranquilla que decida entre el aire acondicionado y la factura de fin de mes.
Y quizás ahí esté el verdadero desafío para la CREG: que una política concebida para proteger el sistema eléctrico no termine siendo percibida en la región como un castigo para quienes viven en el lugar donde el calor convierte el consumo de energía en una necesidad cotidiana.
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