Los escándalos y los líos judiciales parecen no tener fin en la Universidad Autónoma del Caribe. El Ministerio de Educación impuso una inhabilidad de tres años y una multa de 20 salarios mínimos al exrector Mauricio Molinares. La Universidad Autónoma del Caribe también fue sancionada con una multa equivalente a 50 salarios mínimos. La decisión revive uno de los capítulos más complejos de la prolongada crisis institucional que ha golpeado a la institución durante la última década.
El Ministerio de Educación Nacional sancionó al exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares Cañavera, con una inhabilidad de tres años para ejercer cargos o celebrar contratos con instituciones de educación superior, además de imponerle una multa equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, cerca de 40 millones de pesos.
En la misma decisión, la cartera de Educación impuso a la Universidad Autónoma del Caribe una multa de 50 salarios mínimos, equivalente a 100 millones de pesos, al considerar demostrados los cargos formulados dentro de la investigación administrativa iniciada en febrero de 2024.
De acuerdo con la resolución, el Ministerio declaró probados y no desvirtuados los cargos formulados tanto contra la institución como contra Molinares, relacionados con el incumplimiento de las medidas de vigilancia especial que desde hace varios años mantiene el Gobierno Nacional sobre la universidad.
Incumplimiento de órdenes ministeriales
Según la decisión, el Ministerio concluyó que durante la administración de Molinares no se dio un adecuado seguimiento al cronograma diseñado para garantizar el pago de las obligaciones laborales con profesores y trabajadores, uno de los compromisos adquiridos dentro del proceso de recuperación financiera de la institución.
La autoridad educativa sostuvo que el exrector incurrió en múltiples conductas infractoras por desconocer órdenes impartidas en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial, además de incumplir deberes funcionales y contractuales previstos en la normatividad interna de la universidad.
El despacho resaltó que Molinares ejercía simultáneamente como rector, representante legal y ordenador del gasto, razón por la cual tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Ministerio y de velar por la correcta administración de los recursos institucionales.
Asimismo, cuestionó la falta de diligencia en la supervisión de los procesos administrativos y contractuales de la universidad, calificando varias actuaciones como incompatibles con el deber de cuidado exigible a quien dirigía una institución sometida a vigilancia especial.
No obstante, la resolución también reconoció circunstancias atenuantes, entre ellas que no se encontró evidencia de enriquecimiento personal o de terceros, no existió reincidencia, no hubo obstrucción de la actuación administrativa y tampoco se acreditó una afectación directa que hubiera provocado la suspensión del servicio educativo.
Una crisis que parece no terminar
La decisión representa un nuevo episodio en la prolongada crisis institucional de la Universidad Autónoma del Caribe, una de las universidades privadas más tradicionales de la región Caribe, pero que desde hace más de una década ha enfrentado investigaciones, problemas financieros, conflictos administrativos y procesos judiciales.
La institución permanece bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación desde 2018, luego del deterioro financiero heredado de administraciones anteriores y de las dificultades para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y financieras.
En marzo de 2024, el Ministerio suspendió a Mauricio Molinares del cargo de rector al considerar que la universidad no estaba cumpliendo los compromisos establecidos para el saneamiento institucional, especialmente los relacionados con el pago de salarios y prestaciones sociales de docentes y empleados.
Posteriormente, la cartera educativa ratificó esa decisión al negar la solicitud de revocatoria presentada por el entonces directivo, manteniendo la intervención administrativa sobre la institución.
Reacciones
La decisión comenzó a generar reacciones entre egresados, docentes y miembros de la comunidad universitaria en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que la sanción evidencia la gravedad de las irregularidades detectadas por el Ministerio y reclamaron que continúen las investigaciones para establecer responsabilidades frente al manejo administrativo de la institución.
Otros sectores, por su parte, insistieron en que el principal reto sigue siendo garantizar la estabilidad académica y financiera de la universidad, proteger a los estudiantes y recuperar la confianza en una institución que durante años fue referente de la educación superior en la región Caribe.
Con esta nueva sanción administrativa, la Universidad Autónoma del Caribe vuelve a ocupar titulares por razones distintas a las académicas, en un momento en que aún intenta superar una de las crisis más profundas de su historia reciente
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