La medida cobija a 20 personas privadas de la libertad vinculadas, según las autoridades, a las estructuras criminales Los Pepes y Los Costeños. Diez permanecían en estaciones de Policía y otras diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, en una nueva ofensiva de su Gobierno para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de coordinación de actividades criminales.
La decisión fue anunciada este martes 25 de agosto por el propio mandatario y posteriormente confirmada por la Presidencia de la República. De acuerdo con la información oficial, el operativo fue ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) bajo estrictas medidas de seguridad.
“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, afirmó De La Espriella al anunciar la operación.
Según explicó el jefe de Estado, 10 de los internos permanecían en estaciones de Policía y los otros 10 estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. El propósito declarado es cortar la capacidad de los internos para mantener contacto con sus estructuras y continuar ordenando extorsiones y otras actividades delictivas desde los sitios de reclusión.
Los Pepes y Los Costeños, en la mira
El traslado tiene especial relevancia para Barranquilla y el Atlántico debido a que varios de los reclusos estarían relacionados con Los Pepes y Los Costeños, dos estructuras señaladas por las autoridades de participar en actividades como extorsión y narcotráfico.
Entre los nombres divulgados por medios de comunicación aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, señalado como integrante de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, ambos relacionados con Los Costeños. También figuran Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, y otros presuntos integrantes de estas organizaciones.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldó la decisión presidencial y sostuvo que una parte importante de las extorsiones que afectan al departamento estaría siendo coordinada desde centros de reclusión. El mandatario departamental destacó que el traslado busca impedir que los cabecillas continúen ejerciendo control sobre sus organizaciones desde las cárceles.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Verano también agradecieron públicamente al presidente por la decisión.
Ya son más de un centenar de traslados
La operación en Barranquilla se suma a una decisión de mayor alcance adoptada por De La Espriella al comienzo de su Gobierno.
El pasado 7 de agosto, horas después de asumir la Presidencia, el mandatario ordenó al INPEC el traslado inmediato de 117 internos de alto perfil que permanecían en la cárcel de Itagüí y que estaban vinculados a diferentes procesos y negociaciones de paz.
Los reclusos fueron distribuidos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Entre los trasladados estuvieron reconocidos cabecillas como José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, Freyner Alonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, y otros jefes de estructuras criminales. En Girón fueron recibidos 17 de estos internos, lo que provocó además reparos de organizaciones sindicales del INPEC, que advirtieron sobre las capacidades de infraestructura, personal y seguridad de algunos establecimientos para custodiar reclusos de tan alto perfil.
“Las cárceles no pueden seguir siendo oficinas del delito”
Los dos operativos forman parte de una política penitenciaria que el nuevo Gobierno presenta como un intento por recuperar el control de las cárceles y evitar que los jefes de organizaciones criminales continúen impartiendo órdenes desde prisión.
La administración De La Espriella ha anunciado, además, un endurecimiento de las medidas contra las estructuras criminales y prepara un Estatuto Antiterrorista, dentro de una estrategia en la que el Gobierno pretende tratar a los grupos criminales bajo una categoría común de amenaza terrorista.
La ofensiva penitenciaria podría tener un nuevo capítulo. Reportes publicados este miércoles indican que el Gobierno estudia utilizar buques adaptados como centros de reclusión en altamar para aislar a grandes cabecillas y cortar sus comunicaciones con las organizaciones que permanecen activas en tierra. La iniciativa todavía corresponde a una estrategia en preparación, no a un traslado ya ejecutado.
La apuesta del Gobierno es clara: que ningún jefe criminal pueda seguir manejando extorsiones, homicidios, narcotráfico o redes de intimidación desde una celda. El traslado de los 20 presos de Barranquilla representa, en ese sentido, la más reciente expresión de una política penitenciaria que De La Espriella ha convertido en uno de los primeros frentes de su anunciada ofensiva contra el crimen organizado
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