Luz Verónica Estrada enfrenta nuevos señalamientos por la presunta falsificación de documentos académicos. La Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia desconocieron los títulos de ingeniería que aparecen a su nombre y ahora el colegio donde supuestamente se graduó de bachiller también declaró falsos el diploma y el acta de grado. El Pacto Histórico le pidió renunciar a su curul.
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El escándalo alrededor de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, sigue creciendo y ahora tiene un nuevo y delicado capítulo. Después de que la Universidad Nacional de Colombia confirmara que no existen registros de que la congresista haya estudiado o se haya graduado de Ingeniería de Minas y Metalurgia, y de que la Universidad de Antioquia desconociera otro supuesto título profesional presentado a su nombre, una tercera institución salió a desmentir sus credenciales académicas: el colegio donde aseguró haber terminado el bachillerato.
La revelación fue conocida a través de Noticias Caracol, que entrevistó a María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia.
La funcionaria fue categórica: Luz Verónica Estrada no se graduó de ese establecimiento educativo. De acuerdo con los registros académicos, la hoy congresista cursó octavo grado en 2016, pero lo reprobó. Al año siguiente debía repetirlo, pero nunca regresó a clases y terminó figurando como desertora del sistema educativo.
Es decir, según la documentación revisada por el colegio, Estrada no habría culminado siquiera la educación básica secundaria en esa institución.
Lo más delicado es que el plantel recibió una copia del diploma y del acta de grado que la representante habría presentado para acreditar su condición de bachiller. En esos documentos aparecen las firmas de la secretaria administrativa y del entonces rector, pero ambos aseguran que nunca los firmaron.
María Carolina Marín anunció que acudirá a las instancias judiciales para denunciar la utilización de su firma en documentos que considera falsificados. Según explicó a Noticias Caracol, ya se presentó ante la Personería municipal para iniciar las actuaciones correspondientes.
La institución educativa, por su parte, emitió un pronunciamiento en el que aseguró que, después de revisar sus libros de registro y actas de evaluación, concluyó que Estrada no culminó sus estudios de educación media y declaró que el diploma y el acta de grado que circulan a su nombre no corresponden a los archivos oficiales del establecimiento.
Dos universidades también desconocen los títulos
La controversia había comenzado con la aparición de un diploma que acreditaba a Estrada como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, supuestamente expedido el 16 de noviembre de 2021.
Sin embargo, la institución confirmó que no encontró registros académicos de la congresista ni evidencia de que hubiera cursado ese programa. También informó que el documento presentado para su verificación no fue expedido por la universidad.
Verónica Botero Fernández, quien se desempeñaba como decana de la Facultad de Minas en la fecha que aparece en el diploma, manifestó que la firma que figura en el documento tampoco corresponde a la suya.
Pero el caso no terminó allí. Teleantioquia reveló que la congresista también habría presentado un diploma, un acta de grado y una tarjeta profesional atribuidos a la Universidad de Antioquia para conseguir un cargo en la empresa minera Apolo-Sima Soluciones Empresariales S.A.S.
La irregularidad señalada es particularmente llamativa: la Universidad de Antioquia confirmó que nunca ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas. Además, después de revisar sus registros, aseguró que tampoco expidió el diploma ni el acta de grado atribuidos a Estrada.
La empresa minera habría recibido esos documentos durante un proceso de contratación en enero de 2024, cuando la representante habría aspirado a desempeñarse como jefe de Minas.
Así, los cuestionamientos abarcan tres niveles de formación: el supuesto bachillerato en Caramanta, el título de Ingeniería de Minas atribuido a la Universidad de Antioquia y el de Ingeniería de Minas y Metalurgia que habría sido presentado como expedido por la Universidad Nacional.
Un contrato de $78 millones con la Dian
Uno de los aspectos que le agrega mayor gravedad al episodio es el posible aprovechamiento de esos documentos para acceder a contratos con entidades públicas.
En marzo de 2025, Estrada suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por 78 millones de pesos, con honorarios cercanos a los ocho millones mensuales.
El objeto del contrato estaba relacionado con la elaboración de estudios, lineamientos y políticas para el control y la fiscalización del sector minero. Para acceder a esa contratación se exigía un título profesional en áreas como Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Geología, Economía, Derecho o Administración, además de experiencia relacionada.
Según una investigación de la revista Cambio, la Dian recibió la hoja de vida de Estrada el 5 de marzo de 2025 a las 2:06 de la tarde y a las 5:03 p. m. de ese mismo día ya había sido declarada idónea para el contrato.
La entidad dio por válidos un diploma atribuido a la Universidad Nacional, un certificado del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) y varios soportes de experiencia laboral que ahora están bajo cuestionamiento.
El Copnia también ha desconocido la expedición de la matrícula profesional que aparece a nombre de la congresista.
La situación motivó denuncias ante diferentes organismos de control y judiciales. La senadora Jennifer Pedraza solicitó investigar posibles conductas relacionadas con falsedad documental, uso de documento falso y fraude procesal, entre otras.
Procuraduría investiga y el Pacto Histórico pide su renuncia
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante y solicitó información a la Universidad Nacional, la Dian y el Congreso para establecer qué documentos fueron presentados y cuáles fueron las circunstancias de su utilización.
La Corte Suprema de Justicia también anunció que revisaría las denuncias recibidas para determinar si procede una investigación formal, teniendo en cuenta que Estrada tiene fuero como congresista.
Por su parte, la Fiscalía confirmó la existencia de tres noticias criminales por presunta falsedad en documento público relacionadas con el caso.
La controversia ya tuvo consecuencias dentro de su propia colectividad. Este viernes 20 de noviembre, el Pacto Histórico le solicitó a Estrada que renuncie a su curul en la Cámara de Representantes para que pueda concentrarse en su defensa ante las autoridades y las instancias internas del movimiento.
La colectividad anunció, además, que convocará a su Comité de Ética para estudiar la situación.
Hasta el momento, las autoridades deberán establecer quién elaboró los documentos cuestionados, cómo llegaron a manos de la congresista y si fueron utilizados de manera consciente para obtener beneficios laborales, profesionales o políticos.
Mientras tanto, las revelaciones dejan una pregunta que trasciende el ámbito partidista: ¿cómo fue posible que una persona pudiera acreditar estudios universitarios y profesionales sin que las entidades responsables de expedir esos títulos reconocieran sus registros académicos?
El caso ya no gira exclusivamente alrededor de un diploma universitario. Las verificaciones institucionales han puesto bajo la lupa documentos que abarcan desde el bachillerato hasta la formación profesional y la experiencia laboral de una representante elegida para ocupar una curul en el Congreso de la República.
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