17 de abril de 2026

Fiscalía pide mantener fallo que permite a Silvia Gette regresar como rectora a la Autónoma

Informe ANUAR SAAD / HORA EN PUNTO🔴

La audiencia de apelación en el caso de Silvia Gette volvió a sacudir el panorama académico y judicial de Barranquilla. Este viernes, la Fiscalía sorprendió al respaldar el restablecimiento de derechos de la exrectora, lo que en la práctica abre la puerta a su eventual regreso a la dirección de la Universidad Autónoma del Caribe.

Durante la diligencia, la fiscal Betzaida Guerra fue enfática en pedir que se mantengan las decisiones ya adoptadas y que se rechacen los recursos de apelación presentados por la universidad y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Según la Fiscalía, no existen elementos que permitan concluir que el regreso de Gette a la rectoría genere un impacto negativo en el funcionamiento de la institución. Por el contrario, sostuvo que la universidad ha atravesado crisis incluso más complejas sin detener su operación.
La fiscal calificó como “atrevido y temerario” afirmar que el eventual cambio de rector afectaría la estabilidad, insistiendo en que se trataría únicamente de la designación de una persona distinta en el cargo, sin alterar la estructura institucional.

Además, defendió que la decisión judicial sobre el cumplimiento de la pena está debidamente sustentada en documentos que acreditan que Gette ya cumplió su condena.

La defensa insiste en la legalidad del restablecimiento

La abogada Bianith Bohórquez, defensa de Gette, reforzó esa línea argumentativa. Señaló que no hay fundamentos jurídicos para desconocer actos administrativos que ya están en firme y que el fallo que ordena el restablecimiento de derechos no implica anular decisiones del Ministerio de Educación.

Según explicó, las medidas judiciales se limitaron a actuaciones internas de la universidad en 2013, sin que en su momento existiera una intervención directa del Ministerio frente a esos hechos.

Un caso que ha marcado a la Autónoma

El caso de Silvia Gette ha sido uno de los episodios más complejos en la historia reciente de la Universidad Autónoma del Caribe. Su salida de la rectoría, los procesos judiciales en su contra y las decisiones administrativas posteriores han mantenido a la institución en el centro del debate público durante más de una década.

La posibilidad de su regreso reabre una discusión sensible sobre gobernabilidad universitaria, autonomía institucional y el papel del Estado en la supervisión de la educación superior.

Reacciones: división en redes y en la ciudad

La postura de la Fiscalía generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales y sectores académicos. Algunos usuarios de redes destacan que se trata de una decisión judicial que debe respetarse, insistiendo en el principio de legalidad y en el cumplimiento de la pena mientras que otros sectores consideran que el regreso de Gette podría afectar la imagen de la universidad y reabrir heridas institucionales.

Así mismo hay reacciones dentro de la comunidad universitaria, que aunque el rector actual Jorge Enrique Senior tiene a algunos funcionarios que le dan su apoyo, no es un secreto que la mayoría de la comunidad entre funcionarios y estudiantes apoyan el regreso de Silvia Gette a la Uniautónoma en el cargo de rectora con la esperanza de que le devuelva a la institución el brillo de sus décadas pasadas.

Líderes de opinión locales han advertido que tanta agenda negativa, tantos líos judiciales, tan pocas noticias buenas de la Autónoma en los últimos años, han minado la confianza y la credibilidad en la institución. Y muchos creen que tal vez con Silvia Gette las cosas puedan recomponerse.

Lo que viene

La decisión final sobre la apelación será clave para definir si se consolida o no el camino para el regreso de Silvia Gette a la rectoría. Mientras tanto, el proceso sigue generando expectativa no solo en la comunidad educativa, sino en toda Barranquilla, donde la Autónoma ha sido históricamente un actor clave en la formación profesional.

El caso, lejos de cerrarse, parece entrar en una nueva fase con implicaciones jurídicas, institucionales y reputacionales.

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