La Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al curador urbano No.1 de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, y al exgerente de corvivienda Luis Vélez Carrasquilla, por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y certificación de vivienda de interés social al proyecto Aquarela.
En el pliego de cargos se advierte que el curador urbano Ronald Llamas autorizó que el proyecto tuviera 31 pisos, lo que supera la altura permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial, situación que también ha afectado el cono visual del Castillo de San Felipe de Barajas.
Además, según el Ministerio Público, al parecer, habría concedido la licencia de construcción en un terreno que se encuentra por fuera de la zona de expansión urbana.
Entre tanto, la Procuraduría cuestionó al exgerente de Corvivienda, Luis Vélez Carrasquilla, la presunta expedición al proyecto multifamiliar Aquarela del certificado de vivienda de interés social, sin que al parecer contara con los estudios previos que permitiera clasificar el terreno donde se realizaría la obra.
Por esos hechos, el Ministerio Público profirió dos cargos disciplinarios contra Llamas Bustos, calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Por su parte, la aparente falta de Vélez Carrasquilla fue calificada como grave a título de culpa grave.
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa dio traslado para el inicio de posibles acciones disciplinarias contra diez funcionarios y exfuncionarios de la administración de Cartagena, por presuntas negligencias u omisiones en la adopción de medidas para reparar los daños ocasionados por la construcción del proyecto Aquarela y el desplome del edificio Blas de Lezo II.
Destacó que el traslado incluye como presuntos implicados al alcalde William Dau Chamat; el exalcalde Pedrito Pereira Caballero; el secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda; el secretario de Planeación, Guillermo Ávila Barragán; el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, Fernando Abella Rubiano, y el inspector de Policía de la Comuna 2, Renzo Javier Orozco Ribón.
También se dio traslado contra los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón y Edgar Marín Támara; la exjefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, Laura Mendoza Bernett, y la exinspectora de Policía de la Comuna 2, Paola Serna Tobías.
Según el informe, las personas anteriormente señaladas han incurrido en presuntas conductas omisivas, al no ejecutar las órdenes de demolición y lograr la restitución del espacio público invadido por ese proyecto.
Esas conductas omisivas podrían calificarse como faltas disciplinarias graves y gravísimas, y tener, incluso, connotaciones penales para los posibles responsables.
“Nosotros nos estamos moviendo, haciendo lo posible, heredamos una situación caótica desde un punto de vista jurídico, tenemos la espalda vulnerable para cualquier acción que tomemos y eso requiere mucho cuidado”, dijo el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.
Agregó, “así como la procuraduría dio traslado a acciones disciplinarias para mí, por el edificio Aquarela, yo quiero saber ante quien puedo yo solicitar una acción disciplinaria contra la procuraduría, porque a pesar que han pasado varios años, todavía no han sancionado a un solo funcionario que participó en el otorgamiento de esas licencias, quieren sancionar al alcalde pero no a los responsables de ese edificio”.
Por su parte, el exalcalde Pedrito Pereira Caballero explicó que, “en los 14 meses que estuve al frente de la alcaldía, siempre tuvimos un seguimiento permanente de la procuraduría en el plan de normalización urbanística y en ese seguimiento tomamos la decisión, a través de un proceso policivo, donde se ordenó la restitución de los 619 metros del edificio Aquarela, esa decisión fue apelada por los querellantes pero posteriormente fue confirmada en segunda instancia por el secretario del interior”.
Añadió, “después hubo una serie de acciones jurídicas en contra de nuestra decisión, entre ellas una acción de tutela, también una acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa y todas fueron favorables al Distrito, nosotros mantuvimos la única decisión que se encuentra sobre este edificio, que ordena la restitución del espacio público”.
Tras conocerse el informe, el mandatario se refirió concretamente al caso del edificio Aquarela, asegurado que se han hecho los trámites pertinentes para la recuperación de espacio público que invadió la edificación, sin embargo, destacó que cualquier acción que se tome requiere mucho cuidado, ya que su administración heredó una situación jurídica caótica, según publica esta tarde el diario Universal de Cartagena.
“Me enteré esta mañana de que la Procuraduría abrió un proceso disciplinario en contra mío y algunos de mis secretarios, también contra el exalcalde Pedrito Pereira, no sé quiénes más porque no he leído el documento. En relación con Aquarela, nosotros nos estamos moviendo y haciendo lo posible, heredamos una situación caótica, desde el punto de vista jurídico, tenemos la espalda vulnerable para cualquier acción que tomemos y eso requiere mucho cuidado”, dijo Dau.
Planeación también responde
De otra parte, al secretario de Planeación Distrital, Guillermo Ávila, se le cuestiona en el mismo informe porque no ha resuelto un recurso de queja interpuesto por la Promotora Cale 47 SAS, consorcio constructor del edificio Aquarela, por lo que el ente de control sugiere que incurre en una falta grave.
“El secretario de Planeación Distrital Guillermo Ávila se encuentra en mora de resolver el recurso interpuesto por la Promotora Calle 47 SAS, respecto de la negativa de la Curaduría Urbana No. 1 a expedir modificación de la licencia de construcción para el Edificio Aquarela VIS, que pretende modificar estructuralmente tal edificación para perfilar 25 pisos y así restituir el espacio público, cuya invasión dio lugar al fallo policivo pluricomentado en este asunto. Con tal conducta incurre en falta disciplinaria grave”, advierte la Procuraduría.
Sobre esto, la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, respondió en un comunicado que recibió el recurso de queja interpuesto por la promotora Calle 47 y que este fue admitido el 4 de agosto tras una revisión jurídica.
“La Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena recibió recursos de queja interpuesto por la empresa Promotora Calle 47 SAS, contra la resolución No. 0099 de 18 de febrero de 2020, mediante la cual la Curaduría Urbana No. 1 negó el recurso de apelación contra el oficio de radicado No. C.U.N.1-12-581C-2019 del 30 de diciembre de 2019.
Tras un exhaustivo análisis jurídico, mediante la resolución 3410 del 4 de agosto de 2020 se admitió el recurso de queja concediéndose la apelación”, dice el comunicado.
De acuerdo con esta cartera, en la resolución se le ordena a la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena remitirles todas las piezas procesales que conforman el expediente, con el fin de resolver de fondo y en derecho la apelación hecha por la Promotora.
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