Fiscalía imputa cargos a Sergio Fajardo; analistas dicen que es «maniobra política»

La Fiscalía imputará cargos a Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en un contrato suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A. «Las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales», según dijo la Fiscalía.

«Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito», por lo que, en ese sentido, «tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato», aseguró el ente investigador, quien añadió que el acuerdo implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

Según estimaciones de la Fiscalía de Colombia, en el momento del desembolso el dólar se cotizaba en 1.926 pesos y en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, por lo que la obligación contraída se tradujo en un presunto detrimento fiscal de 320.000 millones de pesos.

«Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos», comunicó la Fiscalía.

Las más recientes encuestas arrojaron que Fajardo es el segundo candidato con mayor intención de voto para las elecciones de 2022.
RECHAZO TOTAL A MEDIDA DE FISCALÍA

DIferentes analistas políticos, candidatos, jurisprudentes y abogados especializados, han calificado de absurda la medida de la Fiscalía a la que acusan de ser una «decisión política».

Y precisamente, como una maniobra política que criminaliza un riesgo completamente normal para las entidades que contraen préstamos en moneda extranjera, calificaron analistas y dirigentes políticos la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Sergio Fajardo por presunta irregularidad en la celebración de un contrato cuando era gobernador de Antioquia.

Uno de los primeros en referirse a esta decisión fue su rival político, el senador Gustavo Petro. Él expresó sospechas porque la determinación poco antes de las elecciones presidenciales y dijo que espera «que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano».

Añadió que la acusación debe ser mirada a profundidad por abogados y abogadas demócratas del país.

También reaccionó el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien advirtió el riesgo que implica la decisión del ente para la democracia. «Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su secretario de Hacienda y técnicos, y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito», dijo.

En sentido similar se pronunció el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien dijo que es muy grave que la Fiscalía pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar, porque «bajo esa teoría deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso», añadió.

El exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, mostró su sorpresa en el mismo sentido y señaló que lo que «la Fiscalía pretende (es) que un gobernante sea adivino eficiente del futuro del dólar, lo cual ni Dios puede adivinar. ¡Qué horror!».

Hasta este momento, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo no se ha referido a la imputación que será presentada por la Fiscalía en los próximos días por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según el ente, en el contrato suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre la Gobernación de Antioquia y el Banco Corpbanca, no se hizo ninguna proyección sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario, lo que habría provocado a la larga un detrimento patrimonial para la entidad