La Ocad-Paz es el órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios que, a raíz del acuerdo de paz, se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto. Solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos.
La situación no era un secreto, porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el Ocad-Paz. En un correo recibido por el consejero con el asunto: “Dolor de patria por los municipios Pdet”, se afirma que senadores, la Contraloría y el DNP, “están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) Les den el ok”.
Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control previo.
¿Competencia desleal?
La bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada, proviene del 7 % de las regalías y, por su diseño, pone a competir a los 170 municipios Pdet para obtener la financiación de sus proyectos. Tampoco existe un tope legal para el número de iniciativas o de presupuesto, que se puede aprobar a una región, pero la ley señala que el Ocad debe distribuir los recursos con equidad en los distintos territorios y en los diferentes pilares.
Para que los proyectos que presentan los alcaldes puedan ser considerados en una sesión del Ocad-Paz, deben cumplir con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP; del ministerio sectorial al que pertenece el proyecto, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Contraloría General de la República.
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Los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021, fueron Archila, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca José Facundo Castillo, hoy preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública.
Además, como invitados permanentes estuvieron los representantes a la Cámara del Partido Conservador Waldtih Manzur, de Córdoba, y Yamil Arana de Sucre.
La Secretaría técnica del Ocad-Paz estaba a cargo de Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP. Él elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y, para ello, debía tener en cuenta el orden en el que se inscribían, pero al parecer no fue así. Los alcaldes de Orito, Putumayo, y Condoto, Chocó, se quejaron por escrito al considerar que en la priorización de los proyectos no se tenía en cuenta este orden.
En entrevistas realizadas por Blu Radio, varios alcaldes de los municipios Pdet, quienes prefieren que sus nombres queden en reserva, ratificaron que para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas. Además, señalan con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.https://omny.fm/shows/ma-anas-blu-10-30/alcaldes-de-municipios-pdet-responden-c-mo-se-dire/embed
Además de los señalamientos de los alcaldes contra Ávila, Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, tuvo acceso a testimonios de personas que trabajaron con él en la Dirección Nacional de Planeación y que conocieron denuncias enviadas en su contra por pedir coimas para facilitar la adjudicación de los proyectos.
Una denuncia anónima llevó a la Procuraduría General a abrir una investigación disciplinaria contra Álvaro Ávila por las presuntas irregularidades cometidas como secretario técnico del Ocad-Paz para beneficiar a más de 500 proyectos. De acuerdo con el documento, proyectos de Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño, Boyacá y otras zonas, fueron aprobados sin cumplir con la totalidad de los requisitos y, en otros casos, las certificaciones se expidieron seis meses después de que se les hubiera dado vía libre, por lo que se concluye que certificó cuando el hecho ya estaba cumplido.
*Con información de BLU Radio
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