Este miércoles y luego de una entrevista en RCN Radio en la que el periodista Jeremy McDermott, director de InSight Crime, afirmó que la historia y el centro de su investigación “es ‘Memo fantasma’ y no la vicepresidenta”, Marta Lucía Ramírez decidió retirar la demanda que había interpuesto en su contra por el delito de injuria agravada.
“Valoro la importancia de la investigación de Jeremy McDermott y espero que prospere en favor de la ley y la justicia”, expresó la vicepresidenta y añadió que “respeto el derecho a la libertad de prensa, y con esta aclaración de los hechos, procedo a retirar la demanda, solo quería dejar clara mi posición”.
La acción jurídica estaba relacionada con la investigación publicada por McDermott en InSight Crime, en la que se consignó información relacionada con un presunto vínculo entre la funcionaria y Guillermo León Acevedo, alias “Memo fantasma”, señalado por supuestos vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que defiende a Ramírez, había señalado que seguiría adelante en la demanda contra el periodista. “ofrecemos retirar la denuncia siempre y cuando las partes se reúnan previamente, se escuchen y eventualmente, luego de revisar los datos objetivos existentes, puedan realizar un acuerdo directo de aclaración o rectificación, sobre la controversia”.
Los abogados sostienen que “la información que el señor McDermott divulgó en medios radiales y escritos afirmando que el señor Acevedo se comunicó directa o indirectamente con Marta Lucia Ramírez carece totalmente de fundamento. La referencia a la investigación periodística del señor McDermott no la conoció la señora vicepresidente por la supuesta cercanía a Acevedo, como afirma él, sino que la recibió de parte de Juan Ricardo Ortega, persona reconocida y de alta credibilidad, quien conoció de la investigación directamente y aclaró el asunto personalmente en conversación telefónica con el señor McDermott”.
Este miércoles, en horas de la mañana, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) había invitado a la vicepresidenta a retirar la acción jurídica, argumentando que ella puede aportar información frente a los cuestionamientos que se hacen en su contra sin necesidad de acudir a las instancias judiciales. “Mientras su voz alimenta el debate, las denuncias penales lo apagan”, afirmó la organización y recordó un pronunciamiento de la Corte Constitucional (la sentencia SU-1723 de 2000) que establece que quienes ejercen cargos que les otorgan notoriedad pública, tienen que aceptar el riesgo de ser “afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas”.
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