El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda y tomó una medida cautelar contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Avianca Holdings S.A. informó en la noche de este viernes el diario económico Portafolio.
En la demanda, el ciudadano Jonatan Ruíz Tobón aseguró que el Gobierno y Avianca incurrieron en una vulneración a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social, por la aprobación de un crédito a la aerolínea por 370 millones de dólares.
Ese crédito, en todo caso, aún no se ha desembolsado ya que debe ser aprobado por el Tribunal de Nueva York en donde Avianca se acogió al captíulo 11 del Código de Bancarrota, anota Portafolio.
El demandante le pidió al Tribunal que ordenara al Gobierno abstenerse de destinar los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para el crédito de Avianca, pero además, solicitó que se tomaran medidas cautelares para evitar que se vulneren los derechos que él señaló.
Así, aunque el Tribunal aún no ha aceptado de fondo la demanda, sí aceptó la medida cautelar que pidió.
En consecuencia, el Tribunal le ordenó al Ministerio de Hacienda que adelante las «las gestiones administrativas necesarias para que el Fondo de Mitigación de Emergencias se abstenga de realizar el desembolso del crédito aprobado a Avianca».
Entre los argumentos del Tribunal, se lee que los magistrados encontraron que la demanda es razonable y que hay poca información pública sobre cómo se tramitó y ordenó ese crédito. También dijo que con los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que presentó el demandante, se puede concluir que «resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla».
Según el Tribunal, el demandante informó sobre la situación financiera que afronta Avianca, que muestran que al 30 de junio del 2020 el grupo tenía pérdidas por 353 millones de dólares y un déficit patrimonial de 355 millones de dólares. También dijo el demandante que esa mala situación económica es «preexistente a la situación de la pandemia genera por el covid-19, pues el año pasado no reportó dividendos entre sus accionistas debido a las dificultades por la situación financiera que desde entonces afrontaba».
Por esa situación, el demandante pidió que se proteja el patrimonio público al prestarle dinero a una sociedad que, a pesar de la importancia que tiene para la economía colombiana, está en una situación financiera como la que él describió.
Con todo esto, el Tribunal consideró que no existe claridad sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito ni las garantías que respaldan este préstamo. Además, dijo, si no se conceden las medidas cautelares se podría generar un «perjuicio irremediable para el patrimonio público».
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