27 de octubre de 2020

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Transparencia en «caso Uribe» piden abogados de todo el mundo

“Lo que se necesita es asegurar que el proceso se lleve a cabo con total transparencia, respetando las normas, sin asesinar a nadie, sin amenazar a nadie”, explicó este miércoles a Efe Gimena Sánchez-Garzoli, quien lidera la iniciativa para la defensa de los derechos humanos en Colombia de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos, WOLA.

WOLA, una ONG que vela por los derechos humanos en Latinoamérica, conforma la Plataforma de Monitoreo Internacional junto a otros cuatro grupos: la Fundación Abogacía Española, el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, OIAD, Abogados Sin Fronteras, ASFC y National Lawyers Guild, NLG.

Su objetivo es velar por que todas las partes implicadas en el caso de Uribe puedan ejercer sus funciones de manera libre, sin presiones, detalló Sánchez-Garzoli.

Temen que se desate la violencia

Lo que más temen los miembros de la plataforma es que el caso provoque “asesinatos de las personas involucradas o que haya falsas alegaciones o montajes, que se obstruya la justicia o se distorsione la justicia”, afirmó Sánchez-Garzoli, quien consideró que en Colombia “no es un secreto” que cuanto más poderosa es una persona, más se dan este tipo de situaciones.

La experta apuntó a las “elites” de Colombia como responsables de este tipo de acciones y restó importancia a la influencia que pueda ejercer el presidente de Colombia, Iván Duque, alumno político de Uribe que ha defendido la “honorabilidad” del exmandatario y ha pedido que sea juzgado en libertad.

“Lo que digo (precisó Sánchez-Garzoli) es que la influencia de la elite colombiana es grande, pero no solo es Iván Duque, es también muchos amigos, muchas personas que invierten. Digo no es una persona, es todo, casi como toda la elite de Colombia”.

Ante esa situación, la plataforma quiere asegurarse de que se respeta el principio de independencia e imparcialidad judicial en Colombia.

Por el momento, según Sánchez-Garzoli, la plataforma no se ha planteado la posibilidad de ejercer como parte en el proceso y no tiene previsto acudir a instancias judiciales internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Cidh.

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