Luego de que el intento de conciliación fracasara, por la negativa del Ministerio de Cultura en aceptar las propuestas de los constructores antioqueños, dueños del proyecto Aquarela, ellos llevaron las reclamaciones a otra instancia, que fue la de demandar al Estado solicitando «reparación directa» ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Alcalde de Cartagena quien había intentado marginarse del conflicto que tiene como protagonistas al Ministerio de Cultura, la Procuraduría y últimamente y con mucha fuerza la Defensa jurídica del Estado, finalmente entró a la disputa. Serpa William Daw el encargado de dar la orden de demolición, pero con la nueva demanda en los estrados judiciales, la decisión tendría que ser aplazada y la torre Aquarela continuará en su progresivo deterioro.
Por medio de un comunicado, la constructora indicó que la demanda, instaurada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, obedece a que el “Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena desconocieron los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas, así como de la normatividad urbanística aplicable al proyecto de vivienda de interés social”.
Agregó que la Alcaldía de Cartagena puso en entredicho la legalidad de las licencias que amparan el proyecto, “suspendiendo de manera ilegal la continuación de la obra”.
La Promotora detalló que en la acción judicial expuso “la utilización del proyecto habitacional como excusa de la incapacidad del Ministerio de Cultura para atender las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, expresadas hace más de 15 años, sobre las medidas regulatorias y normativas necesarias para proteger la totalidad del conjunto monumental de Cartagena”.
Este es el texto del comunicado de la constructora Aquarela:
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