Mientras que la Procuraduría y el Ministerio de Cultura esgrimen que la estructura debe demolerse ya que ocupa indebidamente espacio público “no cumple integralmente la norma de sismo resistencia” como lo ratificó la Sociedad Colombiana de Ingenieros en un estudio realizado, el alcalde William Dau declaró que el edificio solo será demolido cuando haya una orden judicial que lo ordene y se tenga el respaldo de la Nación en las posibles consecuencias que esto pueda traerle al Distrito.
“Lo vamos a tumbar una vez tengamos una resolución judicial, y una vez la Nación diga que responde por las acciones judiciales que se deriven de tumbar el edificio. Cartagena y los cartageneros nos negamos a asumir responsabilidad de las demandas que nos vienen encima si lo tumbamos sin tener sentencia judicial, sino por caprichos de funcionarios”, dijo el mandatario.
Según una publicación del diario El Universal de Cartagena, Iván Darío Gómez Lee, procurador delgado para la Conciliación Administrativa, reiteró que el único responsable en este proceso es la Promotora Calle 47, consorcio a cargo de la obra y que el Distrito no ha sido señalado en ningún momento como responsable por las fallas y violación del espacio de la edificación, por tanto mucho menos se puede pedir corresponsabilidad de la Nación.
“Aquí no hay responsabilidad ni del Distrito ni de la Nación, la Procuraduría nunca ha hablado de alguna responsabilidad del Distrito, aquí lo que se demostró es la responsabilidad y actuaciones irregulares por parte de la constructora por la violación del espacio público y las normas técnicas”, indicó Gómez Lee en diario con ese medio.
Gómez lee aclaró también que las actuaciones de la Procuraduría han sido consecuentes con los informes presentados por cuatro procuradores Judiciales de Cartagena que asisten a las mesas de trabajo relacionadas con Aquarela, quienes en un oficio enviado a Gómez Lee el 9 de julio, advertían, entre otras cosas, que desde el 5 de junio se remitió al Inspector de Policía de la Comuna No. 2, Renzo Orozco, el informe de la SIC “en donde se le expresa específicamente que remita y dé a conocer el concepto para que la constructora tenga la oportunidad de controvertir u objetar”.
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